La diputada federal Carolina García Aguilar dijo que las centrales de abasto desperdician el 40 por ciento de los alimentos que recibe para su comercialización, con lo que fundamentó la urgente necesidad de trabajar con agrupaciones a nivel nacional e internacional para lograr una adecuada distribución y se entreguen de manera efectiva a las comunidades marginadas.

Recordó que la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, las centrales de abasto a nivel nacional, junto con la FAO, firmaron acuerdos para contrarrestar el hambre y, sobre todo, la desnutrición en los niños.

Por su parte, la Comisión de Desarrollo Social anunció que buscará reunirse con el titular del organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, para abordar el tema del desperdicio de alimentos.

En su calidad de presidente de esa instancia legislativa, Miguel Prado de los Santos precisó que es importante garantizar un sistema alimentario, ya que se tiene un gran desperdicio de insumos tanto perecederos como orgánicos.

“Me comprometo a buscar una reunión con el titular de Segalmex, y con representantes de los bancos de alimentos, centrales de abastos y gente de la FAO, para ver de qué manera este nuevo organismo puede ayudar a superar el problema de la alimentación”, añadió.

En la reunión en la que se aprobó en sentido negativo el proyecto de decreto que crea la Ley General para evitar el Desperdicio Alimentario, Lucio Ernesto Palacios Cordero, diputado de Morena, mencionó que no es positivo, “toda vez que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en esta materia y tendría un gran impacto presupuestario”.

Además, dijo que con la creación de Segalmex, el cual fusionó a Liconsa y Diconsa, se puso en el centro el tema de la soberanía y el derecho a la seguridad alimentaria y, con ello, se estableció una vinculación entre productores, consumidores y desarrollo local en las comunidades.

Su compañero de bancada, diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, destacó que es importante que el Estado considere la operación de los bancos alimentarios, pues actualmente esta actividad la realizan asociaciones civiles.

“Esto coadyuvaría a acercarles alimentos a todos los sectores más vulnerables del país; debemos generando las rutas legales para que esto se haga de manera ordenada”, afirmó.

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