Pero ni los ven, ni los oyen

Diputadas y diputados federales priístas exigen transparentar todas las acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para clarificar cómo se han ejercido los recursos y cuantificar las irregularidades detectadas en obras de infraestructura y su actuación en la expropiación de terrenos a causa de la construcción del Tren Maya.

Al presentar el posicionamiento de la bancada parlamentaria, en el marco de la comparecencia del titular de la Sedatu), Román Meyer Falcón, con motivo del Quinto Informa de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado Alan Castellanos Ramírez expuso que un gran número de obras de infraestructura que ha realizado la dependencia cuentan con quejas interpuestas por la ciudadanía y anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Indicó que se han presentado pagos en exceso por trabajos no realizados y adjudicaciones directas a conocidos de la familia del titular del Ejecutivo, como el caso de los parques y estadios de béisbol en Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

Sobre el Trena Maya, dijo, existen acusaciones de expropiaciones a terrenos y núcleos ejidales en propiedad de comunidades indígenas, así como explicar el destino de los apoyos solicitados por las comunidades que quedaron fuera del proyecto faraónico.

Castellanos Ramírez resaltó que desde el Gobierno Federal se deben impulsar políticas públicas para la atención de la población de mayor necesidad a nivel nacional y dotarlas de infraestructura; sin embargo, advirtió que en el 2024 viene una reducción en el presupuesto para la Sedatu con el riesgo de que esos recursos vayan a parar al proceso electoral.

Por estas razones, exigió regresar el Fondo Metropolitano para mejorar la calidad de vida de los habitantes, al tiempo que cuestionó dónde quedaron los programas de Empleo Temporal, de Hábitat y de Rescate de Espacios Públicos.

En su intervención, el diputado Gustavo Cárdenas Monroy señaló que se requiere una autocrítica y una evaluación de lo que se ha hecho en la Sedatu, porque no sólo se trata de quejarse del pasado, ya que esta administración también está sembrando su pasado y será juzgada al final del sexenio.

Agregó que es necesario tener información sobre los consejos estatales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, como también conocer la opinión acerca de las reformas pendientes a la Ley de Desarrollo Urbano y la de Asentamientos Humanos para homologarlas con la Ley Agraria del país.

Cárdenas Monroy mencionó que su partido está en la disposición de construir no solamente figuras jurídicas, sino políticas públicas con la Sedatu para que el desarrollo del país sea consensado y de largo plazo. Destacó que la corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y Legislativo está de manifiesto en la Comisión de Desarrollo Urbano, donde se han presentado 53 iniciativas de reformas a la ley vigente de Asentamientos Humanos y de Ordenamiento Territorial.

En su oportunidad, la diputada Ivonne Díaz planteó que es necesario detallar los recursos por 84 millones de pesos que vienen en el presupuesto del próximo año para modernizar registros públicos de la propiedad y del comercio, oficinas de catastro de los estados, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, porque, anotó, existe información de que hay corrupción y falta de acciones.

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