La justicia para personas desaparecidas y sus familias llevará tiempo, pero existe el compromiso de un gobierno con autoridad moral que trabaja de la mano con familiares de víctimas y especialistas; además, nunca usará la fuerza para reprimir al pueblo; por el contrario, atiende las causas que originaron la inseguridad y la violencia porque la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

Al asistir al Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a familiares de víctimas para recordar el compromiso de reunirse regularmente para avanzar hacia la justicia:

“No voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, la peor herencia. Y vaya que nos dejaron muchos pendientes.”

Recordó que desde sus orígenes se manifestó en contra de las políticas aplicadas por el régimen neoliberal, por lo que este gobierno tiene claro el lugar que ocupa el tema de las personas desaparecidas:

“Por convicción, este lamentable asunto es el que estamos atendiendo con prioridad en el gobierno. Deben ustedes saber que hay 72 asuntos prioritarios en el gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y el de la violencia y, sobre todo el de los desaparecidos.”

Aclaró que, contrario a lo que se diga, “no se están escatimando recursos, no hay límite” en el presupuesto que deba ejercerse para atender a las víctimas. Además, se trabaja en las causas que originan la inseguridad y la violencia; por ejemplo, 600 mil jóvenes que antes no tenían empleo ni oportunidad de estudiar hoy trabajan.

“Les pido que nos tengan confianza. No nos confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitirnos la impunidad, no somos encubridores. Vamos a hacerlo, aunque tengamos la resistencia de los causantes de la crisis de México, de la desgracia de México.

“Y lo puedo decir, lo puedo gritar a los cuatro vientos, va a haber justicia en México.”

Gobierno federal creará cinco institutos regionales forenses en el país

Durante su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el pasado 29 de marzo se inició un diagnóstico de los servicios forenses del país, en conjunto con la Fiscalía General de la República.

De ello resulta que los servicios forenses están superados por el número de personas desaparecidas y fallecidas, pero también por el aumento de homicidios en los últimos años, además del gran número de cuerpos inhumados sin la necropsia de ley.

Para el subsecretario Encinas, la profunda crisis forense se caracteriza por seis aspectos principales: 1) falta de infraestructura; 2) escasez de personal; 3) falta de recursos; 4) falta de criterios homologados para el tratamiento de los cuerpos; 5) desconocimiento de las leyes y 6) insuficiencia de cementerios forenses en el país.

Por ello, dijo que actualmente se trabaja en una nueva política para garantizar trato digno y la correcta identificación de cuerpos, independientemente del lugar en que se encuentren.

Se trata de una tarea urgente porque cada día crece el rezago y agregó que la nueva práctica forense debe privilegiar tres tipos de identificación: dactilar, biométrica y genética.

Encinas Rodríguez anunció 10 acciones inmediatas, de las cuales destaca que, en coordinación con los gobiernos estatales serán instalados cinco institutos regionales forenses en Coahuila, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Ciudad de México. La inversión del gobierno federal será de 230 millones de pesos. En segundo término, serán construidos al menos 15 cementerios forenses en distintas partes del país.

Agregó que todos los sistemas forenses del país serán homologados, lo mismo que protocolos de exhumación y serán atendidas sus necesidades básicas. Incluso, será propuesta una ley en materia forense. Estas acciones significarán una inversión de 410 millones de pesos.

“Queremos un trato digno a los cuerpos, garantizar su derecho a la identidad, garantizar el derecho de las familias, a que aquellas personas que lamentablemente desaparecieron y fallecieron puedan regresar al seno de su familia, al seno de sus hogares y que tengan una sepultura digna y un descanso en paz.”

Acompañaron al presidente: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.

Además, la subprocuradora de Derechos Humos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra; la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.

Igualmente, el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Luis García López; el gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Riquelme Solís.

El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; el representante del Consejo Ciudadano, Santiago Corcuera Cabezut.

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