Por Alejandro González

(dpl news) El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha estirado lo más que ha podido, en tiempo y en forma, la licitación de espectro que podría usarse para servicios 5G, y aun así, existe un alto riesgo de que esta fracase y quede desierta.

El propio Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT me lo comentó en entrevista:

“Totalmente. Es un riesgo, y lo digo con toda franqueza. Hay un riesgo latente de que muchos bloques se queden sin asignar (…). Pero aun así, con estas normas, con estas nuevas condiciones de poder pedir que el título se te entregue más tarde, con áreas mucho más pequeñas, y además con otra cosa más, que también hay incentivos, puede quedar desierto”.

Ya parece disco rayado: los operadores, quienes pagan por el espectro, se la pasan quejando de los altos costos por derechos anuales, mientras que el Gobierno federal hace oídos sordos no sólo a las quejas, sino a los estudios sustentados que se le han entregado, en donde se le explica los perjuicios de las cuotas anuales altas, y los beneficios de disminuirlas.

El IFT decidió crear una subdivisión de las áreas de servicio para la licitación del espectro 5G, es decir, partió en pedacitos más pequeños los bloques del espectro, pensando en que nuevos interesados pudieran tener la capacidad de pagar por este.

En la Consulta Pública de la licitación 5G (IFT-12) se han expuesto las razones sobre por qué no parece tan buena idea, y en pocas palabras, es que podría haber un tema técnico de interferencia, lo que para los usuarios significa menor calidad en el servicio.

La licitación 5G que se ha propuesto ya no sólo tiene en contra el precio anual tan alto del espectro, sino un problema técnico, que es la posible interferencia, por lo que los operadores han comentado que así no resulta atractivo hacerse de espectro.

Además, hay que añadirle la incertidumbre que genera el tema de la desaparición del IFT que ha planteado en su proyecto la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Con ello surgen las dudas: si va a desaparecer al Instituto, ¿cuándo lo haría?, ¿seguiría o no la licitación 5G?, ¿la SICT continuaría con el proceso?

Dentro de los comentarios de la consulta pública hecha por el IFT, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información revela que “el Estado ha dejado de recaudar aproximadamente 13 mil 471 millones de pesos de 2020 a 2023 y, al no haber nuevas asignaciones de espectro radioeléctrico, no tendrá mayor recaudación en los próximos años”.

Más allá de la presión de la industria porque su negocio se ve afectado por los altos costos anuales (pregúntenle a Telefónica Movistar, quien tuvo que devolver todo su espectro), y ese jaloneo con el Gobierno federal de no querer darle a las empresas todo lo que piden, creo que el cambio de gobierno es una buena oportunidad para que ambos lleguen a un acuerdo, que encuentren un punto medio.

El Gobierno federal necesita mayor recaudación (13 mil 471 millones de pesos, y lo que se acumule, no es una cantidad despreciable) y los operadores necesitan más espectro, que con las condiciones actuales podrían dejarlo desierto en la licitación IFT-12.

La pregunta entonces es para quien será el líder de la transformación digital de México, Pepe Merino: ¿Por qué no de una vez por todas llegan a un acuerdo sobre los costos anuales del espectro? Hay ejemplos internacionales en países desarrollados y en América Latina en donde se otorgó el espectro a precios muy bajos, con obligaciones de cobertura, de calidad de servicio, etc.

Ya lo ha dicho el ingeniero Alejandro Navarrete: no hay peor espectro que el que no se asigna.

P.D. Por cierto, en los países desarrollados ya están trabajando en las redes 6G. En México discutimos si la licitación 5G va a quedar desierta.

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