Fuerte reclamo de la CNDH a AMLO
*Le enumera las fallas que se resienten en sectores vulnerables
*Le critica los discursos que polarizan y dividen a las personas
*“La verdad no se construye con dichos, sino con hechos”
*“La sociedad necesita respuestas y verdad, no retórica”
*“La impunidad no es una cuestión del pasado, es un problema presente”
Sin rodeos, claro y contundente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, enderezó tremendo reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no resulta congruente una política de denuncia social de hechos del pasado, con una actitud pasiva que evidencia clara irresponsabilidad y falta de compromiso con el pueblo para resolver los problemas del presente.
“México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad. La evidencia objetiva, los datos duros y verificables, así como la conformidad con el derecho, son elementos que tendrían que considerarse y fundamentar el debate nacional por encima de postulados ideológicos o políticos cuyo único sustento es el discurso”, le mandó decir con la misma e histórica dureza.
Aquí las palabras textuales de una parte del informe del ombudsman nacional: “Es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, muchas de los cuales han sido denunciadas y evidenciadas por la CNDH en sus pronunciamientos, informes y determinaciones.
“Sin embargo, esos problemas previos sólo pueden servir para explicar la situación actual, mas no para justificar que no se actúe o pretender desviar con ello la atención de los verdaderos problemas de fondo.
“La autoridad que actuó indebidamente en el pasado debe ser investigada y sancionada, la autoridad que en el presente no actúa procurando el respeto y vigencia de esos derechos, así como del marco jurídico vigente, viola derechos humanos y, eventualmente, genera responsabilidades de índole diverso.
“La falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, a las instancias encargadas de la atención de las personas con discapacidad, así como la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas, son algunos de los temas que se tendrían que revisar buscando la mayor protección y vigencia de los derechos.
“La obligación de las autoridades es actuar para dar sentido, vigencia y garantía a los derechos humanos. Expresar públicamente un compromiso con su respeto no es suficiente para dotar de pertinencia y viabilidad las políticas que se adopten y las acciones que se implementen.
“La verdad no se construye y determina mediante el discurso o los dichos. Son los hechos, la evidencia concreta y objetiva, la que nos dirá el grado de compromiso y nivel de respeto que como país tengamos con los derechos humanos.
“México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad. La evidencia objetiva, los datos duros y verificables, así como la conformidad con el derecho, son elementos que tendrían que considerarse y fundamentar el debate nacional por encima de postulados ideológicos o políticos cuyo único sustento es el discurso.
“La subsistencia misma de nuestra democracia y la vigencia de nuestros derechos depende de que las y los mexicanos sigan contando con la posibilidad de estar veraz y debidamente informados sobre las acciones de gobierno y el desarrollo de la actividad pública. La información y la transparencia son derechos que deben preservarse y fortalecerse.
“Nuestro país requiere una institucionalidad fuerte, que consolide nuestra democracia y fortalezca la unidad de nuestra Nación. Las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de personas y autoridades, generan certidumbre en la sociedad y dan cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos.
“En la medida en que las mismas se debilitan, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya, lo cual termina afectando los términos de convivencia entre las personas.
“Las instituciones constituyen un medio de control para evitar que exista la posibilidad de arbitrariedades y que, si éstas se presentan, los derechos violentados puedan ser resarcidos. Las instituciones son garantías de que los derechos sean vigentes y se respeten.
“Debilitar o desarticular las estructuras burocráticas, pauperizando su papel, organización y condiciones de desempeño, son la antesala necesaria de deficiencias y errores en el servicio público, lo cual de suyo implica un incumplimiento al deber de servicio que se tiene frente a la sociedad, pero que al estar referida a personal de salud, o a quienes tienen a su cargo la seguridad, cuidado o representación legal de las personas, adquiere una dimensión grave, pues se pueden ocasionar vulneraciones graves al patrimonio, integridad, salud y vida de las personas.
“En razón de ello, como lo hemos señalado, no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.
“No debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe fortalecerse para que, mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos, sea opción de vida para las mexicanas y mexicanos, logrando que nuestro país cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos.
“La capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen o a sus ideas o filiaciones políticas o ideológicas. El servicio público debe dejar de ser un instrumento político o de gobierno, para recuperar su esencia de servicio al Estado y a la sociedad.
“La impunidad no es una cuestión del pasado, es un problema presente, un límite y obstáculo para el desarrollo social y económico, que constituye uno de los retos más grandes que México debe enfrentar, si de verdad se aspira a ser un país de leyes y de derechos para todas y todos.
“De igual forma, el objetivo de lograr la observancia de las leyes no puede buscarse vulnerando las propias leyes. Detrás de muchas de las posturas que se han expresado para que se revisen cuestiones tales como la Guardia Nacional o los recortes a financiamientos y subsidios a programas de asistencia, además de las afectaciones directas a la vigencia de derechos, subyace la necesidad de que México dé cumplimiento a compromisos e instrumentos internacionales que lo vinculan obligatoriamente.
“Esta necesidad de que se gobierne por el derecho y en el marco de la ley, pasa también por los reclamos de que se realicen las consultas previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas, conforme a estándares internacionales, respecto de los proyectos y acciones que pudiesen vulnerar derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
“Toca también la necesidad de que se aborde el tema de la migración desde una perspectiva integral, que sin violentar el respeto de los derechos humanos, permita que nuestro país cuente con una legislación y políticas definidas que den certidumbre y definan las responsabilidades y derechos, tanto de las autoridades como de las personas en condición de migración, ante su ingreso y paso por nuestro país, generando en consecuencia que se adopten las previsiones presupuestarias y administrativas para su vigencia e implementación efectiva.
“Decía Benito Juárez: “un sistema democrático y eminentemente liberal como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad forman su esencia”, conforme esto, el puntual cumplimiento de los deberes y el más profundo respeto y observancia de la ley, formaban el carácter del verdadero liberal, del mejor republicano. Es por tanto evidente que a nombre de la libertad jamás es lícito cometer el menor abuso.
“Con independencia de tiempos o coyunturas políticas, nuestro país no puede dejar de contar con espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, que permita la construcción de consensos en beneficio del país y de su sociedad.
“El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, el respeto a la dignidad humana y la vigencia de los derechos humanos.
“Reiteramos nuestra disposición para colaborar en la promoción, fortalecimiento y defensa de los derechos humanos en México, con todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno”.
Todo eso se lo mandó decir el presidente de los Derechos Humanos al presidente López Obrador, pero también en este documento se hace notar que quiso manifestar su posición de cara al mandatario de México, pero de última hora le dijeron que solo entregara el documento en la Secretaría de Gobernación, sin permitirle la breve ceremonia que tradicionalmente se hacía en el pasado, pero que en el presente ya no se permite ese tipo de diálogo público y abierto con el Jefe del Ejecutivo federal. “Ahora me quedará solicitar la fecha del Informe ante el Poder Judicial de la Federación”, concluye en su documente Luis Raúl González Pérez.