Es necesario impulsar una iniciativa de ley para frenar a los empresarios que se niegan a cumplir con las normas que protege a los consumidores cuando adquieran un producto, pero sin los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
“Tenemos que legislar para ello, porque los consumidores tienen derecho a una compensación por parte del proveedor que no cumpla y que sea determinada por la Procuraduría Federal del Consumidor”, señalaron los senadores Geovanna Bañuelos de la Torre, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas.
Para ello proponen reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que todo proveedor esté obligado a incluir con el producto o dentro de su empaque todos los accesorios necesarios e indispensables para su adecuado, correcto y normal funcionamiento.
En los artículos transitorios de la iniciativa, los legisladores plantearon que la Procuraduría Federal del Consumidor tome en consideración los daños y perjuicios hacia las personas consumidoras para su compensación, así como los precios de mercado de los accesorios necesarios para el producto.
También consideraron necesario que la Secretaría de Economía defina las características de los productos y accesorios, en especial de los electrónicos, eléctricos y electrodomésticos; además de determinar aquellos accesorios necesarios y esenciales para el normal, correcto y adecuado funcionamiento del producto que tienen que ser incluidos.
En la exposición de motivos, Bañuelos de la Torre, Padilla Peña y Lucero Olivas señalaron que, con el objetivo de incrementar sus utilidades y rendimientos financieros, los proveedores han optado por prácticas que perjudican directamente la economía familiar de millones de mexicanos.
“Un método que se ha comenzado a implementar por diversos proveedores consiste en no incluir con el producto aquellos accesorios necesarios para su funcionamiento”. A pesar de que se retira el accesorio, el precio del producto no disminuye, lo que perjudica a la persona que lo adquiere.
Desde un punto de vista meramente económico, agregaron, las empresas tienen como objetivo generar utilidades para sus inversionistas. Por ello, frecuentemente toman decisiones que perjudican a la persona consumidora.
“En muchas ocasiones, camuflan sus decisiones de buenas intenciones como la protección del derecho humano al medio ambiente”, advirtieron en la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Segunda.