La diputada federal Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que los casos de acoso, hostigamiento y violencia sexual hacia mujeres politécnicas han obligado a formar su propio frente para la procurarse justicia.

Además, añadió, la sistematización de la violencia al interior de las aulas no es un problema nuevo y va en crecimiento.

Al mismo tiempo acusó que de acuerdo con la solicitud de información vía transparencia, que realizó el medio periodístico Big Data, respecto a casos de violencia sexual entre 2012 y 2018, en el IPN, no dan cuenta de ello.

Explicó que mientras en el 2012 se notificaron cuatro casos, en 2018, la institución tuvo conocimiento, de acuerdo con su respuesta oficial, de cerca de 45 víctimas.

Y añadió: “A lo largo de 2019 hemos recibido y, en su caso canalizado, en esta Comisión de Igualdad de Género, ha víctimas de hostigamiento, acoso, amenazas y lo más grave, una presunta red de explotación al interior de la institución, disfrazada de grupo de estudio.

“La Junta Directiva de la comisión se ha entrevistado con las víctimas y ha dado seguimiento dependiendo la naturaleza, gracias a las instancias que colaboran con ello, como la Secretaría de Gobernación, con el maestro Alejandro Encinas, la doctora Candelaria Ochoa y el respaldo incuantificable de la doctora Olga Sánchez Cordero. También de forma cercana con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de la Ciudad de México.

“Es por ello que al conocer los valientes testimonios que nos han compartido tanto las mismas víctimas como docentes, no podemos quedar inmóviles ante la oleada de violencia.

“En este sentido, reiteramos la buena disposición de la dirección general del Instituto Politécnico Nacional, por aceptar la invitación a esta reunión de trabajo, a esta serie de reuniones periódicas que tendremos con las instituciones de educación media y superior, para erradicar la violencia de las aulas.

“En la Cámara de Diputados hemos actuado en consecuencia con el compromiso de apoyar a las y los jóvenes en su educación superior, para lo cual, en 2018 se etiquetaron más de 4 mil 204 millones de pesos y, con ello, poco más de 151 millones etiquetados en el anexo 13 y 1.8 millones de pesos, también de Anexo 13, en el programa de Servicios de Educación Superior y Posgrado.

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