La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el derecho a la salud es exigible, y destacó que aun cuando deben reconocerse los avances que implica la reducción de 23.7 millones de personas que, de acuerdo con el indicador de acceso de servicios de salud, carecían de los mismos y en los últimos 8 años pasó de 42.8 a 19.1 millones, esta última cifra que representa el 15.5% de la población no es justificable.
Puso en relieve las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud, conforme a los estándares nacionales e internacionales, por lo que hizo un nuevo llamado a las autoridades para ratificar e integrar en nuestro sistema jurídico el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que permite al Comité DESC recibir comunicaciones de personas o grupos que consideren fueron violados sus derechos en estos ámbitos, por lo que se constituyeron una vía complementaria de garantía internacional para la exigibilidad y realización del derecho a la protección de la salud.
Tras señalar que de acuerdo con el CONEVAL las entidades federativas que en 2016 tenían porcentajes de población con carencias de acceso a los servicios de salud superiores al 15.5% eran Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, apuntó que el gasto público en salud de ese año correspondió al 2.9% del Producto Interno Bruto.
Así lo dio a conocer el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien puntualizó que ese panorama demanda políticas públicas y programas nacionales para garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud en igualdad y no discriminación; velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios en esa materia; vigilar la apropiada formación de médicos y personal relacionados, así como facilitar medicamentos esenciales y proporcionar la atención integral a los pacientes.
Al referir las observaciones finales del Comité DESC de la ONU sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados al Estado mexicano, emitidas en marzo pasado, señaló que México debe prevenir y combatir la persistente discriminación para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud; disminuir el número de trabajadores en la economía informal e incluir a ese sector en las actividades de los servicios de inspección laboral, de salud y seguridad social en el trabajo.
Acompañado por Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General; y, entre otras personalidades, por Mayela García Ramírez, Directora Ejecutiva de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, A. C., dijo que ese documento también recomienda asegurar que toda la población, especialmente la de bajos ingresos, acceda a servicios de salud adecuados, asequibles y de calidad, se asignen recursos suficientes al sector y continúe sus esfuerzos para asegurar el acceso, disponibilidad y calidad de la atención, en especial en regiones rurales y remotas.
Destacó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su Objetivo 3 busca atender las situaciones específicas de la salud infantil, la materna y enfermedades como el VIH/SIDA con metas concretas, y apuntó que en la prevención de muertes evitables de recién nacidos, así como en niñas y niños menores de cinco años, se han dado pasos importantes, pero la meta debe ser reducirlas al mínimo, por lo que las estrategias que no han funcionado deben replantearse.
Luego de mencionar que en la evaluación de las políticas de desarrollo social 2018 del CONEVAL se expresa que la organización del sector salud es compleja y fragmentada y ofrece una protección incompleta y desigual a la población, lo cual, además, limita la continuidad en la atención, recordó que la CNDH en distintas Recomendaciones específicas y Generales –15/2009; 29/2017 y 31/2017— ha visibilizado la necesidad de contar con personal suficiente, debidamente capacitado y en condiciones de trabajo que permitan atención oportuna y pertinente a la población, además de enfatizar la necesidad de dotar de recursos materiales –de infraestructura y tecnológicos— y abastecimiento suficiente de medicamentos.
Por su parte, Mayela García Ramírez señaló que nuestro país tiene un marco normativo en materia de salud y desde ahí se tiene que planear, determinar, y ejecutar la política pública para garantizar efectivamente el derecho a la salud. Recordó que los derechos son interdependientes y para que éste sea plenamente vigente se tienen que garantizar otros como a la alimentación, al trabajo digno, al agua potable, vivienda adecuada, igualdad, y reconocimiento de las diversidades.