Enfadadas por la acción de constitucionalidad que promovió la CNDH contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para asumir un cargo público o de elección, grupos de mujeres acudieron al Senado de la República para demandar apoyos a su exigencia de renuncia al cargo de Rosario Piedra Ibarra.
Apoyadas por las legisladoras panistas Kenia López y Josefina Vázquez Mota, las mujeres inconformes consideran que la titular de la CNDH viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, a quienes los padres no les otorgan la pensión alimenticia.
Desde el interior del recinto parlamentario, las inconformes criticaron con dureza la acción de constitucionalidad que promovió la CNDH contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para asumir un cargo público o de elección y a todo pulmón gritaron:
“Exigimos a Rosario Piedra Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la CNDH; al Senado de la República que de no presentarse esta renuncia de la señora Ibarra, le solicitamos inicie el procedimiento para su destitución”.
También solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.
“Ningún deudor alimentario al poder, ningún acosador, ningún abandonador”, fue la consigna que gritaban, al tiempo que resaltaron que la CNDH ignora que en Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca se exige no ser deudor de pensión alimenticia como requisito para tener un cargo en la administración pública.
El 14 de agosto pasado, la CNDH difundió un boletín para dars a conocer que el pasado 7 de julio presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, por considerarla un “requisito discriminatorio” y sostuvo que “no existe ninguna relación entre el adecuado desempeño del cargo y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.
Y fue el pasado viernes 12 de agosto cuando entraron en vigor las reformas que indican que no podrá acceder a un cargo público quien sea deudor alimentario, como parte de la llamada Ley 3de3 contra la violencia.
Se argumentó que no defiende a los deudores alimentarios, y precisó que esta acción de inconstitucionalidad tiene como propósito preservar los derechos reconocidos en la constitución y evitar que se exijan requisitos para ocupar cualquier cargo público.