La estafa maestra peñista se queda chiquita
Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, reveló que el multimillonario fraude descubierto en Segalmex, alcanza a las paraestatales Liconsa y Diconsa, de donde se sustrajeron nueve mil 500 millones de pesos para operar maniobras financieras que dejó también multimillonarios beneficios a los émulos de la tristemente célebre estafa maestra del gobierno peñista.
Esta es la explicación pública que ofreció el funcionario en la mañanera del jueves pasado:
“Segalmex fue concebido como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país. A partir de esta administración, se planteó la necesidad de un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura, encargado de la seguridad alimentaria, en coordinación con Diconsa y Liconsa.
Por ello, en 2019 se creó Segalmex, para favorecer la producción del maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía, en beneficio de la población más necesitada.
Con base en los resultados de diversas auditorias, de denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
El propósito de este grupo ha sido investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que además ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones.
Los estados financieros dictaminados de las tres entidades, tanto contables como presupuestarios, se integraron cada año a la cuenta pública como parte de la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados, en atención a las disposiciones vigentes.
Por cuanto hace a la dictaminación de los estados financieros que realizan las firmas de auditoría independientes coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública, se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores.
Ello ocasionó que en el caso de Liconsa se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Diconsa obtuvo opiniones con salvedades en 2019 y con atención en 2021. Y Segalmex se mantuvo siempre con dictámenes de abstención.
La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos.
Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de Precios de Garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a nueve mil 500 millones.
Es importante aclarar que, cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones, y por eso se encuentran todos estos montos, se encuentran en proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación.
Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación, con miras a su judicialización. Principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando la bajo la óptica de delincuencia organizada.
A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos. Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad. Los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.
La Secretaría de la Función Pública actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes, en auxilio del Ministerio Público de la Federación, para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez.
En el ámbito administrativo, con información actualizada a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas; de las cuales, 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.
El grupo de trabajo interinstitucional se ha reunido en repetidas ocasiones para orientar las estrategias legales para atender las denuncias y reencauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades.
Con motivo de las investigaciones, se han cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra. Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mandos directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas, así como para definir las líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos institucionales.