Es necesario, porque así lo demanda el pueblo, legislar para hacer más riguroso el castigo a los funcionarios corruptos, a quienes se debe inhabilitar permanentemente cuando comentan maniobras contra la administración pública, afirmó el senador Samuel García Sepúlveda.
Y dijo: “Los funcionarios corruptos no merecen una segunda oportunidad y deben ser condenados a muerte civil”.
Por ello presentó iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.
Dicha iniciativa establece la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, “Muerte Civil a Corruptos”, la cual garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por actos de corrupción no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública, asimismo, los que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública.
Esta propuesta es a razón del lamentable y penoso nivel que tiene México en cuanto a percepción de corrupción, señaló que lamentablemente se colocó, en 2017, en el lugar 135 de 180 con una calificación de 29, sin registrar avances sustanciales con respecto al año anterior según documento de Transparencia Internacional.
“No solo Transparencia Internacional, otros organismos y reportes, identifican a México como un país con altos niveles de corrupción, ya sea por las “mordidas”, trámites municipales o locales, permisos relacionados con la propiedad, hasta casos escandalosos como la Casa Blanca, OHL, Odebrecht, la destrucción de los manglares de Tajamar, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito de diversos gobernadores, o la llamada Estafa Maestra que involucró a diferentes titulares de dependencias y entidades de la administración pública federal”.
El senador por Nuevo León señaló que los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos y le cuesta a todos los mexicanos. Diferentes organismos internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, aunado a las pérdidas que sufren las empresas y las arcas públicas por el desvío de recursos.
Refirió que el día de hoy en algunos medios de comunicación se informa sobre un desvío durante la gestión de Rosario Robles en donde presuntamente se desvían 700 mdp en efectivo de Sedesol y Sedatu; “no podemos permitirle a esa señora volver a tener un cargo público ante los desfiguros y desmanes de corrupción en los que se ha visto envuelta”, aseveró.
Finalmente advirtió que esta iniciativa es un mensaje claro a los servidores públicos que cometan actos de corrupción. “Con esta legislatura se les va a acabar su segunda oportunidad”. La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.