*Combatir y erradicar la corrupción es uno de los principales objetivos
Combatir y erradicar la corrupción es uno de los principales objetivos del Gobierno de México y legislar al respecto es lo que convoca a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Por ello impulsamos la iniciativa que adiciona el artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que fue aprobado por unanimidad en Comisión respectiva.
Esta iniciativa busca incorporar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que para la determinación de las sanciones administrativas que imponga el tribunal de los servicios públicos y derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, se dará a considerar si hubo participación coordinada de servidores públicos, o de estos, en particular en la comisión de dichas faltas.
Asimismo, se pretende inhibir y combatir el que se den formas asociativas entre servidores públicos o entre éstos y los particulares para violar la ley, con el fin de enriquecerse de manera ilícita entre los presuntos infractores, así como, el desvío de recursos para campañas políticas.
Cabe aclarar que la figura que tal y como lo establece el dictamen y que proponemos incluir en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no es equiparable al concepto de la delincuencia organizada.
Este concepto ilustra las consecuencias que las redes de corrupción pueden detonar y consideró que al combatir las redes de participación y de complicidad en materia de responsabilidades administrativas se podrá inhibir y combatir la delincuencia organizada.
El proyecto de decreto se refiere a las faltas administrativas de los servidores públicos catalogados como graves en los términos de la ley y cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En tal sentido, el dictamen se enriquece al incorporar un artículo transitorio segundo que permite realizar los ajustes necesarios a las disposiciones normativas del Tribunal Federal, para salvaguardar la correcta aplicación de la reforma propuesta y que establece un plazo de 180 días.