*Se empeñan en excluir a la mujer de la política
En México persiste la exclusión de las mujeres a la vida política, y lamentablemente en cada proceso electoral se documentan hechos de violencia en razón de género, pero no todos los casos se denuncian.
Por ello llamo a los congresos y organismos públicos electorales de Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Quintana Roo a que armonicen su legislación en materia de paridad sustantiva y violencia política contra las mujeres en razón de género, ante el próximo inicio de los procesos electorales.
En México persiste la exclusión de las mujeres a la vida política, y lamentablemente en cada proceso electoral se documentan hechos de violencia en razón de género, pero no todos los casos se denuncian, y la razón principal es que no se conoce lo que implica el término jurídico de violencia de género.
Entre 2016 y 2019 se abrieron más de 100 carpetas de denuncias por violencia política, de las cuales el 34% se desecharon porque no encontraron elementos suficientes para comprobar el delito; el 11% sigue en trámite y sólo el 3% se judicializó. El restante se encuentra en revisión en las fiscalías locales o mantienen un estatus de averiguación, ambas suman el 52%.
Adicional a ello, de acuerdo con datos emitidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, al término del 2019 no existe un fallo a favor de la víctima (mujer). El Instituto Nacional Electoral, a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y en el marco de la legislación vigente, dio a conocer 38 indicadores de violencia política de género, que son un obstáculo al ejercicio pleno de los derechos humanos y políticos.
Entre las formas más comunes de violencia política destacan: las bromas hirientes, agresión verbal, restringir el uso de la palabra, humillar en público, difamación, calumnia, acoso y hostigamiento, amenazas, impedir la asunción del cargo, presionar para la renuncia del cargo, el secuestro, mutilación, violación y el feminicidio.
Una democracia inclusiva debe permitir el pleno derecho de las mujeres como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral en cada una de las fases de las contiendas electorales y en este objetivo, el Congreso de la Unión ha materializado en leyes la igualdad de mujeres y hombres, para revertir la desigualdad existente y compensar los derechos del grupo de población en desventaja.
Mi bancada apoya y reconoce la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se ordena al Congreso de Nuevo León legislar en materia de paridad y de violencia en razón de género, ya que es muestra de su compromiso con la igualdad sustantiva e impulso para concretar en las entidades federativas cuanto antes, la normativa para la paridad de género y erradicar la violencia política.
Esta resolución es un llamado a todos los estados que no han legislado en la materia a que lo hagan, principalmente los que en el 2020 (Hidalgo y Coahuila) tendrán elecciones a fin de renovar y elegir a sus autoridades y representantes populares; en el caso de Nuevo León, la exigencia se da dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.