*Urge fiscalía autónoma especializada para periodistas

Impulsamos un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para reconocer a la Fiscalía Especializada en Materia de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como un ente autónomo.

Que México cuente con una Fiscalía especializada fuerte y autónoma. Con ello garantizaremos el compromiso institucional que tenemos con periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El periodismo es una labor considerada en nuestro país, como el cuarto poder, dada la fuerte influencia que posee y produce en la sociedad mexicana.

Sin embargo, ejercer el periodismo en los últimos años, se ha convertido en latente fuente de agresiones, violencia, inseguridad dando pie a que se viva en zozobra y con la pérdida de decenas de vidas.

Los comunicadores han sido objeto de cooptación, precarización laboral, persecución, censura y sometimiento ideológico a fuentes oficiales. “En los últimos años las agresiones han aumentado 30 por ciento”.

A ocho años de creada la Fiscala, sólo se han conseguido cuatro sentencias condenatorias de 803 averiguaciones previas, que equivale a una eficacia de .4 por ciento, que implica que el 99.6 por ciento de averiguaciones estén sin resolverse.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó por cifras récords de periodista asesinados en este año.

En 2019 se ha documentado la muerte de 11 comunicadores y al menos 13 defensores de derechos humanos, por ello, buscamos garantizar las herramientas principales y necesarias para contar real y efectivamente con un acceso a la procuración de justicia y a la protección al derecho de expresarse libremente con certidumbre, paz y tranquilidad en el ejercicio de su profesión

Hoy los homicidios de periodistas se han convertido en una estadística más.

En sus artículos transitorios se establece que, una vez instalada la Fiscalía Especializada, su respectivo titular, de inmediato solicitará a la Fiscalía General de la República, la asignación del personal que integrará las nuevas unidades fiscales conforme marca esta Ley.

En el proceso de asignación se observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres

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