Por unanimidad, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local aprobó el dictamen de opinión de la iniciativa por el que se crea la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, enviada a este Poder Legislativo por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual establece la obligación del gobierno local de planear, elaborar, implementar, desarrollar, administrar, monitorear y mantener actualizado el Sistema de Registro de Agresores Sexuales y de evaluar su funcionamiento.
La presidenta de la Comisión, Paula Soto Maldonado, señaló que uno de los beneficios que impulsa es la prevención de los delitos sexuales, ya que el registro mencionado representa una herramienta de protección pública, cuya información podrá ser utilizada por las instituciones de justicia para que de forma adecuada y oportuna sirva como una herramienta preventiva que facilitará e identificará a delincuentes reincidentes, y por tanto aportar elementos de prueba para que las víctimas puedan ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia, subrayó.
Reiteró que la prevención que ofrece el Registro de Agresores Sexuales es un paso significativo hacia la reducción de la violencia sexual. Agregó que otro de los beneficios que detenta el Registro Público de Agresores Sexuales es visibilizar la violencia sexual para que la atención que se le otorgue tenga mayor eficacia, y tener acceso a la información detallada y pública del ejercicio efectivo del derecho de las mujeres al acceso a la justicia.
En la reunión se aprobó otro dictamen de opinión, también por unanimidad, sobre la iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, con el objeto de resolver la deficiencia atención y combate de las violencias hacia las mujeres, a través de la creación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Soto Maldonado afirmó que este dictamen de opinión favorable a la iniciativa busca, entre otras cosas, armonizar la legislación local con la federal respecto de la inclusión del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Reconoció, sin embargo, que las promoventes, diputadas y diputados de MORENA y del PT lo hacen a través de una reforma a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México y no a través de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, precepto idóneo por la naturaleza del objetivo.
No obstante, señaló que la Comisión de Igualdad coincide con la propuesta, “cuyo fin es garantizar la progresividad y el ejercicio pleno de los derechos humanos en todos los ámbitos, además de fortalecer los compromisos del Gobierno de la Ciudad para actuar de manera expedita y eficaz para cumplir, no sólo con los compromisos internacionales, sino en atención a las demandas y necesidades particulares de las mujeres que habitan en esta capital”, dijo la diputada de MORENA.