La diputada local María Guadalupe Chavira de la Rosa presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informe sobre el estado que guarda el Sistema Penitenciario de la capital.
En tribuna, la legisladora indicó que el Sistema Penitenciario de nuestro país, está en crisis desde hace ya varias décadas, por lo que para enfrentar este problema, “el gobierno federal adecuó su marco normativo, modificó sus estructuras y cuenta con una política pública, así como un sistema de justicia integral en la materia”.
La legisladora destacó que el gobierno de la Ciudad de México, debe estar alineado a lo que sucede a nivel federal, “es claro que de seguir manteniendo sin cambios de estructura y de funcionamiento, las prácticas de corrupción, el uso de celulares para la comisión de delitos de extorsión, el consumo de drogas, el cobro de cuotas a familiares de internos, la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de prevención de violaciones de derechos humanos, prevalecerán en los centros de reclusión de la ciudad”.
También mencionó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, elaboró un estudio sobre la situación que impera en los centros de reclusión capitalinos en materia de presuntas violaciones de derechos humanos, en donde la institución registró 3 mil 665 quejas, de las cuales, 3 mil 627 fueron determinadas como presuntas violaciones a derechos humanos.
Detalló que las autoridades señaladas como presuntas responsables en las denuncias relacionadas con la administración de justicia y la ejecución de la pena fueron: la Secretaría de Gobierno, con un 65. 8 por ciento de los casos; la Secretaría de Salud, con el 20.2 por ciento, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con un 8.9 por ciento; y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 4 .2 por ciento.
Chavira de la Rosa informó que entre los casos investigados por la CDHCM, destacan los relacionados con el derecho a la vida; los traslados de las personas privadas de la libertad a otras áreas o Centros Penitenciarios; niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad; la atención a situaciones de riesgo como riñas o tentativas de motín; el derecho a una vida libre de violencia; y casos relacionados con mujeres privadas de la libertad, presuntamente víctimas de violencia.
La congresista recordó que el pasado 29 de enero se reportó la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Destacó que la cifra de jóvenes de entre 18 a 29 años que se encuentran en reclusión, “es alarmante. Por eso como parte del Congreso de la Ciudad tenemos que plantearnos un análisis de fondo sobre cómo se está enfocando la reinserción social de estos jóvenes.
“Todos estos datos reflejan que subsiste una constante desatención al tema, por lo que es importante intervenir de forma institucional para atender esta problemática”, concluyó la diputada.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de ser ampliado y poder realizar mesas de trabajo con las autoridades correspondientes.