Para consolidar prácticas donde el tejido social dependa de la calidad de los vínculos que tengamos unas y otros, es necesario transitar hacia un nuevo “Pacto social violeta” desde un enfoque feminista y de género, que mire con agudeza las desigualdades, especialmente las de género, porque éstas atraviesan todas las relaciones y estructuras en las que vivimos y nos reproducimos.

Así lo afirmó Aleida Hernández Cervantes, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM al participar en la videoconferencia “Pensar los tiempos de pandemia desde el feminismo”.

Ese “Pacto social violeta” debe resaltar el concepto de sostenibilidad, que pone en el centro el valor de la vida, de la naturaleza y de los seres humanos; colocar a la comunidad como objetivo primordial; retomar la rectoría del Estado en la economía; y fortalecer el concepto de lo público y lo común, detalló.

En el marco del ciclo “COVID-19. Reflexiones en torno a la pandemia”, organizado por el CEIICH, indicó que “todo ello tendría que hacerse de forma aparejada a la pacificación de la vida de las mujeres, transformando las condiciones de desigualdad estructural que viven”.

Ese “Pacto social violeta”nos llevaría a transitar de una regulación para las cosas, a una regulación para la vida. Se trata de un pacto que tiene como ética y política el cuidado, y que es construido, precisamente, desde las gafas violetas que proporciona el feminismo.

Libre de violencia

Hernández Cervantes explicó que las crisis derivadas de la emergencia sanitaria incluyen elementos de salud, económicos, sociales y emocionales, así como otros que no han sido considerados en otros contextos, como la violencia extrema contra niñas y mujeres, y a la naturaleza, como centro de nuestras preocupaciones y ocupaciones.

Con base en ello, reconoció que un pacto social no será posible si ellas no tienen una vida libre de violencia. “El paisaje de crueldad en la que está inscrita esta violencia se ha extendido durante varias décadas en México”.

Este nuevo paradigma de regulación pospandemia “debe traducir la economía feminista y su concepto de sostenimiento de la vida, a normatividades con múltiples escalas, principios que orienten decisiones judiciales y la enseñanza”, subrayó la investigadora del CEIICH.

En este pacto es necesario fortalecer jurídicamente a la salud y resaltar una serie de derechos, bienes y recursos que deben estar fuera del mercado. El derecho debe ser construido bajo la lógica de la existencia en comunidad y la vulnerabilidad compartida.

“No es sencillo construir este pacto, pero debemos ser creativas para avanzar en ese sentido, pues es la única manera seria y radicalmente responsable para salir de las estructuras jurídicas del despojo, en las que nos hemos sumido en los últimos tiempos y que han privatizado los servicios de salud, educación y pensiones, y han permitido que territorios y recursos de los pueblos sean explotados por empresas transnacionales”, finalizó.

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