Desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación se debe crear un contexto de exigencia para insistir en que México tenga una política de Estado para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, e impedir regresiones en los avances del cumplimiento de los compromisos que nuestro país ha contraído para reducir la huella de carbono, afirmó Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM.
Es una responsabilidad que debe asumir la actual generación, a la cual le toca impulsar ese tipo de acciones y promover que se tomen decisiones adecuadas, también pensando en las que habrán de venir, abundó.
Al clausurar la mesa debate “El futuro de la conservación de los recursos naturales basado en incentivos económicos”, organizada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), añadió que se requiere buscar espacios donde se dé el diálogo entre distintas disciplinas.
Es importante que desde la Universidad Nacional insistamos en ello, y por eso es relevante que se establezca este diálogo entre las ciencias económicas y las de la vida. “Es fundamental que colaboremos en este objetivo, y al hacerlo estaremos contribuyendo a generar un nuevo curso de desarrollo para nuestro país, que sea más sustentable”, recalcó Lomelí Vanegas.
En la mesa, el exrector de la UNAM, investigador emérito del Instituto de Ecología e integrante de El Colegio Nacional, José Sarukhán Kermez, refirió que la especie humana no ha tenido un reto más serio y fuerte que el que enfrenta hoy con la pérdida de la diversidad biológica.
Dijo que los recursos naturales facilitan la oportunidad de generar diferentes formas de desarrollo y culturas. Tenemos una gran diversidad biológica y cultural; los pueblos tienen un amplio conocimiento de esos recursos, aspecto que no se ha sabido usar en nuestro país, que a partir de los años 30 o 40 del siglo pasado se declaró agrícola, cuando es forestal.
La diversidad biológica silvestre de México es inmensa, la cuarta o quinta del mundo. Pero, además, hay otra, la agrícola, y nuestro país es centro de origen de numerosos grupos taxonómicos; pero ni una ni otra han sido temas de desarrollo a través de políticas públicas adecuadas.
La enorme diversidad ecológica debería ser tomada en cuenta al momento de desarrollar políticas de uso del suelo. Veracruz es un caso trágico, ya que ha perdido más de 90 por ciento de su cobertura forestal y se ha convertido en “océanos” de pasto para las vacas. De ser el tercer estado más rico en biodiversidad, ahora es uno de los tres más pobres, explicó.
Existen elementos demostrables de la bondad de contar con formas diferentes de uso sustentable de los recursos y con un “aditamento” más: bienestar económico para los propietarios de esos bosques.
“No veo posibilidades de que los recursos naturales de este país se conserven, si no trabajamos con la gente que los posee, si no la hacemos parte del asunto; por ahí debe venir el movimiento de conservar los ecosistemas de los que dependemos totalmente”, aseveró Sarukhán Kermez.
Al hacer uso de la palabra, la profesora de la Facultad de Ciencias y también integrante de El Colegio Nacional, Julia Carabias Lillo, puntualizó que antes de restaurar hay que conservar los ecosistemas, porque lo primero es infinitamente más caro e ineficiente, y porque no se puede restituir el entorno original. Por ello, es necesario impulsar los instrumentos orientados a prevenir la deforestación.
México tiene experiencia, instituciones, leyes y capacidades humanas para cumplir las metas acordadas en diciembre de 2022, en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, de conservar por lo menos el 30 por ciento de la superficie del planeta para 2030; podríamos hacerlo, pero tiene que haber voluntad para ello, destacó la científica.
La universitaria consideró que la preservación no va a funcionar sin una visión integral. Se deben sumar los instrumentos económicos para la conservación (pago por servicios ambientales, bonos de carbono, certificaciones), pero con enfoque territorializado porque las políticas de gobierno se han orientado a que no se sumen subsidios en las mismas comunidades.
Se requiere un proceso de planeación regional, “porque tenemos sitios prioritarios por su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; no a todo el país hay que tratarlo por igual”. Hay zonas degradadas que necesitan un proceso regenerativo, y otras que están en buen estado de conservación y hay que garantizar que se mantengan así, subrayó Carabias Lillo.
En el auditorio Ricardo Torres Gaitán del IIEc, Sophie Ávila Foucat, investigadora de esta entidad académica, coincidió en que se requieren políticas públicas coherentes entre sí y con una perspectiva de territorio diferenciado a lo largo y ancho del país, incluso dentro de las entidades federativas.
Parte del futuro de los instrumentos económicos para la conservación y la planeación del territorio está en la participación de estados, iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, municipios y comunidades. “Hay que utilizar esos instrumentos y trabajar para que funcionen mejor”, enfatizó.
Paola Bauche Petersen, directora ejecutiva de la asociación civil Conservación y uso sustentable de los recursos en el noroeste y occidente de México, comentó que en los ejidos ubicados en la periferia de Puerto Vallarta el pago por servicios ambientales ha sido importante porque otorgó el recurso inicial para el inicio de empresas ecoturísticas.
Gracias a ello, comunidades enteras permanecen en sus sitios de origen, en vez de irse a trabajar de obreros a Vallarta. Utilizar los recursos de manera planeada ayuda a esas compañías que ahora, después de la pandemia, están en proceso de recuperación, recordó.
Al encuentro asistió el director de lIEc, Armando Sánchez Vargas; el moderador fue Santiago Izquierdo Tort, de esta entidad universitaria; y Elizabeth Shapiro-Garza, de Duke University.