La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que la degradación de las tierras puede tener efectos devastadores e irreversibles para la población y el medio ambiente, al provocar aumento en los fenómenos migratorios y desplazamiento forzado interno, lo que incrementaría los índices de pobreza y repercutiría en la estabilidad económica y el desarrollo sostenible, que están estrechamente vinculados con el goce y disfrute de diversos derechos humanos.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la degradación se refleja en la disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes y servicios ambientales. Es el resultado de una compleja interacción de factores naturales y socioeconómicos como el tipo de suelo, el relieve, la vegetación y el clima, así como la densidad poblacional, la tenencia de la tierra, las políticas ambientales y los usos y gestión del suelo.
De acuerdo con estimaciones del estudio para la determinación de la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, realizado en el 2013 por la Comisión Nacional Forestal, el 63.02% de la superficie nacional está afectada por la desertificación, en mayor o menor medida; en dicha área habitan aproximadamente 63 millones de personas, “lo que indica que el problema asociado a la disminución o pérdida de la capacidad productiva de las tierras del país es grave”; por lo que resulta imperativo establecer planes y acciones encaminadas a revertir este proceso. Asimismo, señala que habitantes de “17 de las 20 ciudades más pobladas del país están viviendo en zonas afectadas por procesos de degradación de tierras, sequía y desertificación”.
Esta Comisión Nacional destaca la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de adoptar marcos programáticos e institucionales para garantizar la gestión forestal sostenible, la restauración y conservación de los suelos, que den protección efectiva a biodiversidad y recursos naturales, con perspectiva de derechos humanos, como ejes para el desarrollo del país y del bienestar social.
En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía –17 de junio—, la CNDH demanda atención urgente de autoridades federales, estatales y municipales y de la sociedad en su conjunto para impulsar políticas del uso racional del agua, la plantación de árboles y generar conciencia de que debemos prevenir los cambios climáticos como consecuencia de sequías y desertificación.
Señala, asimismo, la importancia de incentivar en los sectores agrícola y ganadero la realización de prácticas sostenibles de producción, para aprovechar de manera adecuada el alto potencial de recursos con que cuenta nuestro país y promover la participación e involucramiento de la población en su desarrollo y ejecución.
La CNDH recuerda que México es participante activo en el desarrollo de acciones en relación con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, e internamente ha diseñado la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, con enfoque multisectorial para prevenirla y controlarla, mediante 38 programas federales enfocados en los ejes ambiental, social y económico, que incentivan actividades de reforestación, conservación de suelos, pago por servicios ambientales, monitoreo y capacitación, entre otros.
Dicha Convención es toral en el logro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente de los objetivos: 15 “Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”; 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”; y 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”, dichas acciones en favor de las generaciones presentes y futuras.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la CNDH se une a los objetivos de Naciones Unidas bajo el lema “La Tierra es valiosa. Invierte en ella”, al rechazar el uso insostenible de la tierra, llamar a la población cambiar los hábitos de consumo no sostenibles e instar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan políticas públicas en materia de gestión forestal sostenible, conservación y protección de los suelos, en que se incentive al sector agrícola y ganadero a realizar prácticas sostenibles de producción.