La pandemia por la COVID-19, las crisis económicas y los conflictos en el mundo han generado que más familias caigan en la pobreza y que millones de niños se integren al trabajo infantil. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se estima que en la actualidad hay aproximadamente 160 millones de niños trabajando; es decir, casi uno de cada 10 en el mundo.
“Cerca de la mitad de ellos, unos 79 millones, realiza trabajos peligrosos que ponen en riesgo su integridad física”, afirma la coordinadora de la Línea de Investigación Institucional “Promoción y Protección de Derechos de la Infancia”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Elisa Ortega Velázquez.
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil -que se conmemora el 12 de junio- define que este concepto es toda actividad laboral que priva a niños, niñas y adolescentes de su niñez, de vivir conforme a su etapa de crecimiento, y que es perjudicial para que se desarrollen tanto física como psicológicamente.
“Hablamos de trabajos peligrosos y perjudiciales física, mental o moralmente y que interfieren con sus actividades escolares, ya que les priva de la posibilidad de asistir a la escuela o les obliga a abandonarla de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado, que les consume mucho tiempo”, detalla.
La experta universitaria advierte que el aumento en la tasa de trabajo infantil a nivel mundial en los últimos años también se relaciona con la pandemia por la COVID-19, la cual dificultó que muchos continuaran con sus estudios, pues requerían contar con electricidad, internet y dispositivos móviles. “Después de terminada la pandemia, muchos de los niños que dejaron la escuela ya no pudieron reintegrarse”.
Las cifras sobre trabajo infantil, agrega, varían según la región del mundo: África ocupa el primer lugar, pues se calcula que una quinta parte de los niños -72 millones- están en esa situación; Asia y el Pacífico ocupan el segundo sitio, con 62 millones de niños; mientras que en las américas se estima que hay 11 millones. Para Europa y Asia Central, la UNICEF refiere seis millones en situación de trabajo infantil; en tanto, para los estados árabes, un millón.
En América Latina, México se ubica como el segundo país con el mayor nivel de trabajo infantil, sólo superado por Brasil. Se calcula que en nuestro país hay 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes laborando, gran parte de ellos en el sector agropecuario, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del INEGI, asevera la doctora en Derecho.
Peores formas de trabajo
La experta universitaria explica que el trabajo infantil abarca todas las actividades económicas que realizan las y los menores de 12 años; las ligeras permitidas para aquéllos de 12 a 14 años; y también abarca las peores formas de esta actividad.
Estas últimas son “un lastre y el origen de violaciones gravísimas de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes porque atentan contra su dignidad, integridad y bienestar físico, emocional y psicológico”. Se detallan en el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo y hacen referencia a diversas maneras de explotar a niños, niñas y jóvenes por parte de adultos.
“Allí están todas las formas de esclavitud o prácticas análogas; por ejemplo, cuando se vende o ‘engancha’ a niños, niñas y adolescentes con el fin de obtener un beneficio económico. Tenemos la trata laboral que incluye el trabajo doméstico, el empleo en fábricas, maquiladoras, espacios agrícolas, la construcción y el trabajo en minas que se da en otras latitudes como África”, argumenta la investigadora.
También se encuentra la mendicidad ajena, que se presenta cuando piden dinero en las calles y normalmente hay personas adultas que se benefician de ello; la servidumbre, que consiste en ocuparlos para labores de limpieza en restaurantes, negocios y para quehaceres domésticos, a cambio de condiciones mínimas de alojamiento y alimentación.
De igual forma, el matrimonio forzado o servil, a través del cual se entregan niñas a adultos, a fin de disminuir deudas de los padres o para obtener dinero. Asimismo, se encuentra el reclutamiento o su oferta para fines de explotación sexual-comercial, en la prostitución o la producción de pornografía; además de su empleo en actividades del crimen organizado, que puede incluir acciones propias del narcotráfico y el tráfico de órganos.
La académica lamenta que en México esté normalizada la mendicidad ajena, y señala como un “foco rojo” el matrimonio infantil, especialmente en comunidades indígenas y pueblos originarios, donde todavía se acepta por razones de usos y costumbres.
“Es importante acotar que sí hay que ser respetuosos de los usos y las costumbres de los pueblos originarios, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos de las personas, especialmente de niños y niñas”, subraya.
La integrante del Sistema Nacional de Investigadores advierte que la política nacional en materia de niñez -que abarca el combate de este tipo de prácticas- es atendida por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y demás instancias gubernamentales que participan en la elaboración de las acciones públicas en materia de niñez en México.
Sin embargo, la investigadora enfatiza: “En nuestro país existe una dislocación del discurso de derechos humanos de la niñez. Se trata de una dislocación eminentemente práctica o de política pública, ya que normativamente se cuenta con una ley aceptable en la materia (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) que se encuentra armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Entonces, si bien en el ‘papel’ todos los actores sociales están dispuestos a apoyar el respeto de los derechos de la niñez, en la realidad es muy diferente y no existen las partidas presupuestales que hagan realidad lo dispuesto a nivel normativo. Hay diversas hipótesis sobre por qué pasa esto y una es porque los niños no votan”, puntualiza la experta.
Este año el tema en el que se centra esta efeméride es “Justicia social para todos. ¡Acabemos con el trabajo infantil!”, por lo cual la investigadora del IIJ llama a visibilizar el problema y a la acción del Estado para atender los temas de niñas, niños y adolescentes en congruencia con los tratados que México ha ratificado en materia de garantías fundamentales, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño.