La senadora morenista Freyda Marybel Villegas Canché exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que informe al Senado si existe registro y autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción y operación del Hotel Grand Solaris, que “afecta de forma irreversible la zona de duna y de anidación de la tortuga” en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
De igual manera que ejerza las facultades necesarias de forma inmediata a efecto de revocar cualquier autorización o se promueva el juicio de lesividad a fin de que se anulen las resoluciones contenidas en la MIA que autoriza la construcción y operación de dicho proyecto de desarrollo hotelero; así como realizar una investigación detallada de la misma por medio de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), procurando que en cualquier resolución que se dicte prevalezca la protección y preservación de las zonas de duna y anidación de las tortugas.
Villegas Canché expone que el proyecto de desarrollo hotelero de 450 habitaciones está ubicado en el kilómetro 19.5 de la zona hotelera del municipio, a un costado de Playa Delfines, y en días recientes ha originado indignación de los ciudadanos por la construcción de una barda perimetral, “misma que se llevó a cabo con toda alevosía durante el periodo de contingencia sanitaria y que afecta justo el área donde anidan las tortugas marinas” evidenciando que la autoridad competente ha sido omisa en considerar los irreversibles daños ambientales.
Asimismo, insta al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, y a la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, para que en el ámbito de sus respectivas competencias informen a la Cámara Alta respecto a la construcción y operación del hotel.
Señala que también deberán actuar la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la investigación y verificación de los permisos los permisos para su construcción y en caso de no ser correctos e incurrir en violaciones normativas, clausurar las obras de desarrollo inmobiliario.
Continúa que, como consecuencia de la venta de espacios en la zona y el otorgamiento de manifestaciones de impacto ambiental, y del crecimiento de la evidente corrupción detrás de dichos actos, incrementa el descontento social, toda vez que se han generado daños irreparables al ecosistema y la pérdida de espacios emblemáticos para el turismo y la población quintanarroense que cada vez se encuentra más limitada en el acceso a playas públicas sin costo.
Del estudio titulado la “Evaluación de la capacidad de carga turística como elemento de análisis del desempeño de un destino turístico” se desprende un análisis del proyecto original de la ciudad de Cancún hasta el último Plan de Desarrollo Urbano 2014-2030, mismo que especifica que en un primer aspecto se tenían consideradas 14 playas públicas en la zona hotelera.
Sin embargo, actualmente sólo se tienen dos, Playa Delfines y Playa Coral, bajo el uso de playa pública, de manera que el resto se tiene asignado como uso de suelo recreativo de playa con posibilidad de construcción. Y la ZOFEMAT sólo reconoce Playa las Perlas, Playa Delfines y el andador de Playa Chac Mool como playas públicas en la zona, señala la legisladora.
Por último, Freyda Marybel Villegas Canché detalla que la extensión de las playas también ha sufrido una importante afectación, ya sea por erosión o por paulatinas divisiones, concesiones y ventas, por lo que en la misma investigación se da cuenta que de 308 mil 892.34 metros cuadrados de playas públicas, en la actualidad sólo existen 8 mil 243.03, lo que significa una pérdida del 97.34 por ciento de la superficie.