Por Alejandro González
(dpl news) La propuesta de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una amenaza al ecosistema digital de México y significa un retroceso normativo, aseguró Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Durante su participación en el primer día de Conversatorios para el Análisis y Propuesta de Dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República, Jorge Bravo destacó la realización de los conversatorios para discutir y proponer sobre dicha ley, y apuntó que estos son resultado de la petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que se parlamentara.
“Esta ley rescata algunas cosas del pasado, es para debate en el presente, pero se trata del futuro digital de México, la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy se analiza no sólo representa un retroceso normativo sino que amenaza todo el ecosistema digital del país.
“No debe ser una ley de control y censura, sino que destrabe los servicios convergentes y construya una sociedad digital sin discriminación y permita ejercer todos los derechos humanos habilitados por las TIC”, comentó Bravo.
Asimismo, apuntó que se necesita una ley que tenga por primera vez en el sector una visión de Estado capaz de garantizar certidumbre jurídica para invertir, desplegar redes y conectar a todos los mexicanos.
El presidente de la Amedi aseveró que no se puede hablar de digitalización incluyente si el precio del espectro sigue siendo el más alto de la región, por lo que llamó a que la ley de telecomunicaciones contemple mecanismos de reducción de costos impulsando la conectividad y modernización tecnológica.
“Todos queremos un México digital, todos cabemos en un México digital”, concluyó Jorge Bravo.
El especialista respondió a la pregunta de senadores sobre qué se pierde con las facultades que se pretenden otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). El presidente de la Amedi explicó una serie de características que están en peligro, como la autonomía, especialización, certidumbre jurídica, así como la neutralidad regulatoria y competitiva.
Sobre la neutralidad competitiva, Bravo ejemplificó con Altán Redes, quien es el operador móvil del estado.
“Tiene toda la política de telecomunicaciones, radiodifusión, conectividad, todo la digitalización, satélites, concesiones de espectro que ya no es técnico sino puede ser político, tiene ciberseguridad, mejora regulatoria, decide quienes van a ser los líderes de las dependencias, y hasta los correos puede tener la Agencia”, explicó en el Senado.