*¡Al carajo los puestos de elección popular!

Todo parece indicar que lo único que le interesa a un político ‘supuestamente’ elegido por el voto popular para ocupar un cargo como servidor público, es ver qué otro puesto le conviene más para solicitar licencia y literalmente ‘largarse’ a seguir viviendo del erario.

¿Hasta dónde es permisible que un senador, diputado, gobernador, etcétera, que fueron elegidos ‘democráticamente’ por la ciudadanía, puedan hacer a un lado su cargo para tratar de obtener otro puesto, también de elección popular?

De manera sistemática algunos únicamente utilizan sus curules como trampolín para ser gobernadores, secretarios de estado, presidentes municipales. Saltan de una diputación local a una federal, después se acomodan en el senado, divisan una presidencia municipal y van tras ella, basta con solicitar licencia para separarse del cargo, sin cumplir totalmente con el período para el que fueron elegidos.

Hay muchos ejemplos de estos grandilocuentes demócratas y patriotas, cuyo espíritu revolucionario y conquistador los lleva a emprender verdaderas campañas electorales, para hacer de México un país de mejor.

Por ejemplo, el ex presidente Vicente Fox, siendo gobernador de Guanajuato y a mitad de su sexenio solicitó licencia para contender por la Presidencia de la República; el Congreso de Jalisco autorizó a su gobernador (en 2006), Francisco Ramírez Acuña, a separarse del cargo para incorporarse como secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón.

César Nava, quien fuera presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), también solicitó licencia como diputado federal; sin embargo, el pleno de la Cámara de Diputados se la negó.

En 2007, Leonel Godoy, actual diputado, manifestó públicamente su intención de ser candidato de su partido (PRD) a gobernador, por lo que solicitó licencia a su curul. Siendo senador el finado (tengo mis dudas) Rafael Moreno Valle Rosas presentó solicitud de licencia, misma que fue aprobada en sesión permanente para buscar la candidatura al gobierno del estado de Puebla, la cual ganó.

Siendo diputado Javier Duarte de Ochoa solicitó ante la LXI legislatura federal licencia a su cargo de representación popular para tomar parte en la contienda interna de su partido (PRI) y pelear por la gubernatura de Veracruz, la cual ganó. Hoy está tras las rejas.

El entonces diputado priista por el distrito de la Antigua, Héctor Yunes Landa, también solicitó licencia ante el Congreso local para lanzarse a la aventura de disputarle a Javier Duarte de Ochoa, el derecho de ser nominado candidato del PRI a la gobernatura de Veracruz.

En el libro La disputa del reino, editado por Juan Pablos Editor se señala que, en abril de 1992, Carlos Salinas realizó cambios en su gabinete con la idea de colocar a Luis Donaldo Colosio en una posición desde la cual pudiera participar con éxito en la carrera presidencial.

Entonces, Colosio deja la presidencia del CEN del PRI y ocupa la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En su lugar quedó Genaro Borrego Estrada, entonces gobernador de Zacatecas, y en la Secretaría General, Beatriz Paredes, también gobernadora de Tlaxcala, en sustitución de Rafael Rodríguez Barrera.

En octubre de 2010, el actual senador panista Gustavo Madero tomó la decisión de renunciar al cargo de Coordinador del Grupo Parlamentario de Senadores del PAN y permitir que el trabajo legislativo estuviera libre de toda influencia ajena a la propia agenda parlamentaria. Aclaró que seguiría participando como senador, pero sin asumir ninguna posición que comprometiera la autonomía y fortaleza del grupo parlamentario.

Y qué decir de Ricardo Monreal, otro que busca ver en dónde se trepa para seguirse perpetuando como servidor público y “privado”.

De acuerdo con lo expresado por mi amigo y finado Ingeniero Ángel Pujalte Piñeiro, lo anterior se trata de un “robo y usurpación de la representación popular, de una cínica apropiación. Los puestos de ‘elección popular’ son parte crucial del secuestro del interés público que efectúan mafiosos disfrazados de ‘políticos’.

Se adueñaron del derecho para postular a los candidatos haciéndolo una exclusividad de los partidos políticos, para lo cual superpusieron una ley menor (la electoral) sobre la Constitución para efectuar una segunda clara violación al artículo 35 Constitucional, que establece como prerrogativas del ciudadano: II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular (...) Lo que ya no es posible sin la anuencia y bendición de las oligarquías de los partidos políticos.

Y III. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. Libertad ciudadana que también secuestró la mafia de los ‘políticos’, para usufructuarla como otra exclusividad suya. Pero son apenas parte de la sucia, ruin y baja maniobra, que llega mucho más lejos.

No conformes con apropiarse ilegítima e ilegalmente del derecho para decidir quién puede, cuándo, cómo y dónde, ser elegible para un puesto de elección popular, también utilizan los puestos de elección popular no como posiciones de representación de los intereses sociales sino como casillas de un tablero en el que libran, entre ellos, una especie de juego de ajedrez que nada tiene que ver con los intereses, y sí mucho con la mala circunstancia de la sociedad a la que fingen representar.

Por eso, además de los anteriores, también se pitorrean del Artículo 36 Constitucional, en el cual se establece que son obligaciones del ciudadano de la República: (...) IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, (...) Lo que incumplen para mejor desempeñar el papel de peones o fichas de acuerdo con las conveniencias del momento en el juego de ajedrez que libran entre pandillas o equipos de ‘políticos’.

Por eso se ha vuelto tan normal, que ya a nadie extraña, que un alfil de repente se transforme en peón y salte de casilla en casilla, fuera de turno y con movimiento de caballo, torre o desquiciado, fuera de toda norma, lógica o explicación aparente, más que la oculta e inconfesable conveniencia de salvajes inconscientes que se han apropiado del bien común para usufructuarlo como su propiedad particular”.

Ahora vemos como las dos candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo, la primera senadora con licencia, y la segunda ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, botaron sus respectivos cargos para saciar sus ambiciones de poder, dejando inconcluso su respectivo puesto.

También a Jorge Álvarez Máynez, diputado con licencia, le valió un reverendo cacahuate dejar el cargo y lanzarse como candidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Si existiera un cargo más importante que el de Presidente de la República, seguramente los que han ganado para sentarse en la silla presidencial, la botarían para seguir trepando en la escalera política.

Se debe establecer como absolutamente obligatorio que un servidor público cumpla totalmente con el periodo para el que fue elegido, mediante el voto ciudadano, y quede impedido de participar u ocupar otro puesto, hasta que no cumpla en tiempo y forma con el que en ese momento desempeñe.

Los ciudadanos que los eligieron deben ser los únicos autorizados para removerlos y no permitir que entre ellos se concedan licencias, se auto elijan y puedan lucrar con el puesto.

Los legisladores son los primeros que deben cumplir con su trabajo y dejar de andar de saltimbanquis; pero el pueblo los encumbra, ellos se juntan y México es el que la paga.

Hasta la próxima.

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