*El Gabinete de Sheinbaum: Transparencia a medias y oportunidad perdida
En una administración que se presenta como la defensora de la transparencia y la participación ciudadana, resulta profundamente inquietante que Andrés Manuel López Obrador, junto con Claudia Sheinbaum, no haya llevado su propuesta de consulta popular más allá del ámbito judicial.
La necedad de querer utilizar encuestas populares para la selección de jueces, magistrados y ministros nos la quieren vender, sin duda, como un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, esta no concuerda debido a la sorprendente omisión de aplicar el mismo principio a la selección de los miembros del gabinete presidencial de la futura Presidenta de México.
Este vacío en la aplicación del mecanismo participativo no solo representa una oportunidad perdida, sino una notable incoherencia en la promoción de los valores de transparencia y legitimidad que el gobierno actual pretende encarnar.
La exclusión de la consulta popular en el proceso de selección del gabinete revela una preocupante brecha entre la retórica y la práctica. Mientras se promueve la participación ciudadana para cargos judiciales, el gabinete presidencial, el núcleo mismo del poder ejecutivo, se mantiene como una caja negra de decisiones políticas.
Esta contradicción subraya una falta de compromiso real con la apertura y la responsabilidad, y sugiere que la consulta popular se utiliza más como una herramienta política conveniente que como un principio fundamental de gobernanza.
Permitir que los ciudadanos tengan voz en la selección del gabinete no es solo un acto simbólico, sino una necesidad crítica para asegurar la calidad y la integridad del gobierno. Los miembros del gabinete no son funcionarios menores; son responsables de diseñar y ejecutar políticas que afectan tremendamente todos los aspectos de la vida nacional.
Sin embargo, el proceso actual de selección de estos cargos permanece opaco y alejado de la supervisión pública. La falta de un mecanismo participativo en la elección de estos funcionarios perpetúa la percepción de que el poder está concentrado en un círculo cerrado de lealtades y compromisos partidistas, en lugar de ser representativo del interés general.
En un contexto donde el actuar de Sheinbaum ha enfrentado críticas por prácticas cuestionables y conflictos de interés, la ausencia de una consulta popular para los nombramientos del gabinete es particularmente alarmante.
La selección de funcionarios clave, sin un escrutinio público, facilita la perpetuación de prácticas de nepotismo y favoritismo. Es imperativo recordar que las designaciones en el gabinete deben reflejar un compromiso genuino con la competencia y la integridad, no con la lealtad a un grupo selecto de colaboradores.
La falta de un proceso participativo amplifica la posibilidad de que los nombramientos se basen en lealtades políticas en lugar de méritos y capacidades reales.
La falta de consulta popular para los miembros del gabinete subestima el poder transformador que la participación ciudadana o el pueblo bueno y sabio podría aportar.
En lugar de utilizar el mecanismo participativo como una herramienta para reforzar el mandato presidencial, su limitación al ámbito judicial parece una medida superficial para abordar la percepción de falta de transparencia.
Al no extender esta práctica a la selección del gabinete, se está fallando en una oportunidad clave para fortalecer la confianza pública y fomentar una cultura de gobernanza más abierta y responsable.
El contraste entre la retórica de la administración actual y sus acciones concretas es alarmante. Mientras se argumenta que la consulta popular fortalece la legitimidad de las instituciones judiciales, el mismo principio se ignora en la selección de quienes tienen la responsabilidad directa de implementar políticas y administrar el gobierno.
Esta incoherencia no solo debilita el mensaje de la administración sobre la importancia de la participación ciudadana, sino que también plantea serias dudas sobre su verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En comparación con prácticas internacionales, la falta de consulta popular para el gabinete de Sheinbaum, se quiera o no, coloca a México en una posición desfavorable.
En muchas democracias avanzadas, la participación ciudadana en la selección de altos funcionarios no es una excepción, sino una norma establecida que asegura una mayor representatividad y eficacia.
La adopción de mecanismos participativos en México podría haber marcado un precedente positivo para una política más inclusiva y democrática.
Sin embargo, la omisión de aplicar estos principios al gabinete refleja una visión limitada y una oportunidad desperdiciada para avanzar hacia un sistema más participativo y transparente.
La decisión de Claudia Sheinbaum de no someter a consulta popular la selección de los miembros de su gabinete no solo es una incoherencia con los principios de transparencia y participación que se proclaman, sino una falla crítica en la promoción de una verdadera democratización de la política.
Esta falta de un proceso participativo en la selección del gabinete perpetúa un modelo de gobernanza opaco y excluyente, contraviniendo los principios fundamentales de una administración abierta y responsable. Para que la administración de Sheinbaum sea realmente vista como un ejemplo de buen gobierno, es imperativo que extienda la consulta popular a todos los aspectos de su administración, incluyendo la selección de su equipo de gobierno. De lo contrario, se arriesga a ser percibida como una administración que prioriza la apariencia de transparencia sobre su verdadera implementación.
Hasta la próxima.