*¿Una Reforma Judicial o una Usurpación del Poder?
La llamada Reforma Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue levantando ámpula y un desgastante debate en torno a su verdadero propósito y sus resultados hasta el momento.
La idea de transformar el Poder Judicial, pilar esencial de cualquier democracia, es una propuesta legítima, pero el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está marcado por errores, opacidad y cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones del flameado Comité de Evaluación encargado de llevarlo a cabo.
Por lo menos en lo que se refiere al Comité de Evaluación para elección del Poder Judicial (CEEPJ), integrado por Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García, se presentó inicialmente como el garante de un proceso transparente y legal.
De hecho, Briseño Torres aseguró que su trabajo estaría apegado a la normatividad con la finalidad de garantizar la llegada de los perfiles más idóneos a los cargos judiciales. El despistado Repper Favila reconoció la enorme responsabilidad que implicaba el proceso, mientras que Méndez de Lara destacó que la justicia es una de las aspiraciones más grandes de la humanidad.
Sin embargo, las promesas de transparencia y rigurosidad pronto se desmoronaron ante una serie de irregularidades que no solo pusieron en entredicho la eficacia del Comité, sino también la viabilidad de toda la reforma judicial. ¿En dónde estuvo la equidad de género para conformar el CEEPJ (cuatro mujeres y un hombre)?
Uno de los primeros y muy graves escándalos fue la aprobación de aspirantes sin la documentación requerida para validar su idoneidad. Este hecho es un claro ejemplo de la falta de seriedad y preparación del Comité.
A pesar de que la convocatoria era explícita en cuanto a los requisitos, se permitió que por lo menos una persona, sin la documentación necesaria, avanzara en el proceso, vulnerando descaradamente las reglas establecidas.
Este tipo de errores, inaceptables en un proceso de selección judicial, es suficiente para destituir inmediatamente a los responsables. Sin embargo, en lugar de asumir su falta de rigor, el CEEPJ no ha sido sometido a ninguna sanción, lo que demuestra la impunidad con la que se manejan los temas relacionados con el Poder Judicial en el actual gobierno.
Además, se incumplió con el plazo establecido para entregar las listas de aspirantes, que debía haberse realizado el 15 de diciembre pasado, según la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Este retraso, junto con los errores en las listas, refuerza las sospechas de que el proceso no es llevado a cabo con la seriedad y transparencia prometidas.
A lo anterior se suma el hecho de que los requisitos para ingresar a la lista de aspirantes no fueron publicados por los comités correspondientes, lo que genera aún más dudas sobre la legalidad del proceso.
Si lo anterior fuera poco, la falta de claridad en cuanto a la participación de ciertos aspirantes, algunos de los cuales se registraron en varios comités de evaluación, demuestra una estrategia para asegurarse un lugar en la siguiente fase de selección.
Entre los controvertidos nombres están el de Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón; la magistrada Paula María Garza Villegas, hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero; y la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esposa del general Rafael Macedo de la Concha.
Estos vínculos familiares y políticos ponen en duda la imparcialidad del proceso y sugieren que el Comité puede favorecer a individuos con vínculos cercanos al poder político.
La presencia de personajes, asociados a gobiernos pasados o a figuras clave en la política actual, parece mostrar que el verdadero objetivo de la reforma no es limpiar al Poder Judicial de corrupción o ineficiencia, sino colocar a personas afines al gobierno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los puestos clave del sistema judicial.
Lo que se presenta como una reforma es utilizado como mecanismo de control y manipulación política, algo que pone en grave riesgo la independencia del Poder Judicial y, por ende, la democracia misma.
Ante tales irregularidades y la evidente falta de transparencia, ¿por qué no se ha destituido, por lo menos, a los miembros del CEEPJ? Los errores cometidos no son meras equivocaciones o descuidos; son errores graves que comprometen la legitimidad de todo el proceso.
Es inaceptable que un Comité encargado de seleccionar a los jueces, magistrados y ministros de la nación no sea evaluado y sancionado por su total incompetencia. Si este proceso tan crítico está viciado por irregularidades, ¿qué se espera en las etapas siguientes?
Morena se presenta como el garante de la transformación, pero utiliza mecanismos turbios para acomodar a sus allegados en el Poder Judicial.
Además de falta de preparación para llevar a cabo una reforma judicial, de manera descarada se pone en práctica una estrategia deliberada para consolidar el poder político en manos de unos pocos, gracias a la pasividad de una parte de la población que apoya ciegamente este proceso manejado con fines políticos.
Este fenómeno de "apoyo ciego" preocupa por su falta de análisis crítico y porque contribuye a la legitimación de un sistema viciado. Si la reforma judicial está destinada a fortalecer el Estado de derecho, ¿cómo podemos confiar en un proceso manipulado desde el principio?
La reforma judicial se realiza de manera improvisada, como una intentona de usurpar el Poder Judicial, colocando en sus puestos a personas que no necesariamente son las más capacitadas, sino las más afines al gobierno.
Lo que comenzó como una promesa de cambio se transformó en un proceso que pone en riesgo la independencia judicial y, por ende, la democracia misma.
La justicia, como mencionó Maribel Concepción Méndez de Lara, quien seguramente se mordió la lengua, es una de las aspiraciones más grandes de la humanidad, pero con este tipo de prácticas, se corre el riesgo de que la justicia en México se vea comprometida de manera irreversible. Lo cierto es que no hay más ciego que el que no quiera ver. ¡Feliz Navidad!
Hasta la próxima.