*INSABI y la UNOPS cancelado

Han pasado casi 52 meses de que inició el periodo de gobierno de la autollamada 4T, y es fecha que en materia de abasto y dotación de medicinas seguimos en plena incapacidad material, económica y logística para la correcta y oportuna distribución y recepción de los medicamentos requeridos por el sector salud, que vive una terrible época sino es que la peor de su historia.

Resulta que desde antes de la toma de posesión del presidente, se anunció, como se sigue alardeando, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que México entraría en una etapa de optimización del sector salud solo comparable con el que disfrutan en los países nórdicos.

 Pero a diferencia de lo que se hacía en México desde el siglo XX, éste sería de una honestidad ejemplar, con pleno abasto, máxima capacidad profesional, técnica y de instalaciones a grado tal que seríamos ejemplo para el mundo. Y si eso no fuese suficiente, todos… absolutamente todos los servicios serían gratuitos… desde la cuna hasta la tumba (from the cradle to the grave), dirían los gringos y los británicos.

Para lograr las metas ya señaladas, fue que se decidió destruir totalmente el Seguro Popular (SP) establecido por el gobierno de Vicente Fox en 2004, como mecanismo de ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), mismo que se cambió por el nuevo organismo y efectivamente, sólo destruyó el sistema anterior sin solucionar lo mucho o poco que esa institución atendía en 1,657 municipios para 2006.

Pero tardíamente, se pasó de los dichos a los hechos; 20 meses después de la rendición de protesta protocolaria, el 31 de julio de 2020, los risueños Andrés Manuel López Obrador, Jorge Alcocer, secretario de Salud, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y el consejero jurídico Julio Scherer, salieron a tomarse la foto presumiendo el acuerdo firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), mediante el cual se iniciaría la “adquisición de medicamentos y material de curación en México, con el que se buscaba erradicar del proceso la corrupción y cristalizar cuantiosos ahorros. Bajo este convenio se facultó a la UNOPS para organizar, a nombre del Gobierno federal, las licitaciones para el sistema sanitario para el periodo de 2021 a 2024.

El proyecto, sin embargo, transitó por un camino de obstáculos entre retrasos, licitaciones desiertas y señalamientos por sobrecostes. Al final, en octubre pasado, el Insabi anunció que la UNOPS quedaba fuera del mecanismo de compra y ahora la agencia está finiquitando los últimos contratos para cerrar el proyecto en el país”*.

La idílica relación para garantizar la honestidad a toda prueba y sospecha, sólo les alcanzó para dos años y ahora de la manera más sigilosa, dudosa y sin rendición de cuentas de ambas partes, el mes pasado se dio a conocer que la sociedad virtuosa murió de amor como la triste Elvira.

Aunque “el personal adscrito a este proyecto continúa sus labores para tener un cierre administrativo ordenado de las compras que realizamos en 2021 y 2022, realizando la conciliación y cierre de contratos con los proveedores. La Oficina de UNOPS en México continúa trabajando con sus contrapartes para contribuir a través de adquisiciones públicas y asesoría técnica en infraestructura sostenible”, ha referido el organismo por escrito, pero ha declinado a dar más detalles sobre los más de dos años que operó en México el proyecto bajo el argumento de que estas cifras se darán a conocer en marzo”*.

Bien vale la pena recordar que “el convenio cuatrienal contemplaba la compra de más de 3.000 claves y tendría un costo de aproximadamente 6.800 millones de dólares. Además de la tutela de la UNOPS en las compras consolidadas de medicamentos, una de las medidas más polémicas en ese momento por parte del Ejecutivo, fue el cerrar la puerta de participación a los distribuidores, bajo el argumento de que estos actores estaban elevando los precios en las licitaciones*… “Corrupción pura”, dijo el presidente.

Resultaría ocioso recordar que ante la improvisación, desorganización, despido de personal capacitado, demoras en la puesta en marcha del programa con la consecuente imposibilidad de concretar fechas para la producción, embarque, recepción y distribución de los fármacos, más la aparición de la pandemia en 2020, que se tradujeron en quejas, manifestaciones, plantones, bloqueos de calles, avenidas, carreteras incluso de aeropuertos por el evidente fracaso del programa y la tozudez implacable de las autoridades para reconocer sus incompetencias; incentivaron al verboso mandatario a sostener que los quejosos y sus enfermos se habían convertido en “grupos terroristas” que sólo buscaban exhibir a su gobierno y descarrilar el inmaculado manejo de la 4T.

Esto sin dejar de mencionar que los médicos nacionales “no contaban con las calificaciones adecuadas para atender a la población, por lo que fue “necesario solicitar la ayuda de la hermana República de Cuba” para atender la emergencia por la que atravesábamos.

Y como parte de la disfuncionalidad del proyecto y la incompetencia de los responsables, recordemos que inopinadamente tuvo que ser el Ejército quien auxiliara de manera ejemplar y eficiente para el reparto de vacunas y fármacos a nivel nacional. Incluso, el actual director general de Birmex desde finales de 2021, es el general en retiro Jens Pedro Lohmann.

 Lo que se vuelve motivo de risa loca o de solicitud de auxilio psiquiátrico, fueron las razones expuestas por el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, al anunciar “el fin de su colaboración con el argumento de que el sector salud ya tenía capacidades suficientes y por esto ya no necesita a la UNOPS”+.

 Apenas días atrás, “el organismo había difundido en un comunicado que se han entregado a tiempo a los almacenes el 99 % de las claves contratadas por ellos y que había generado ahorros por unos 500 millones de dólares al Gobierno federal”*. Es decir; que no ayudaron a resolver el problema, lejos de eso… encarecieron el proceso, ergo, ¡¡ya somos autosuficientes!!

Por supuesto no podemos pasar por alto que el señor Ferrer “carece de experiencia en el sector salud; sólo trabajó en el cuidado del patrimonio cultural del INAH y fue director de zonas arqueológicas en Chiapas y Veracruz”**. Además; “director administrativo de la Central de Maquinaria de Tabasco (1995 - 1998); antes de asumir la dirección del Insabi, Ferrer Aguilar regresó a trabajar al INAH y se desempeñó como delegado del Instituto en Tabasco, y en enero de 2020 aparecía según el portal Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, como Comisionado Nacional de Protección Social en Salud y percibe un salario neto de 97,066 pesos”**.

Resultaría conveniente saber qué opinan de esto los derechohabientes y beneficiarios de los hospitales públicos del país empezando por los papás de los niños enfermos de cáncer y los familiares de las personas con enfermedades crónicas y de largo tratamiento.

Como mero dato ilustrativo de nuestra realidad, quiero recordarle que durante su presentación para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno en el Senado de la República, Ferrer Aguilar manifestó que el propósito del Insabi era “dar atención a 60 millones de personas y gracias a los acuerdos con los 32 secretarios de Salud estatales las prioridades eran: 1.- Que no falten médicos y enfermeras, 2.- Que no falten medicamentos, 3.- Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y 4.-  Regularización del personal sanitario del país”***.

Igualmente aseguró: “se contratará en el año 2021 a 7 mil 100 médicos y enfermeras para los centros de salud, que hoy están cubiertos por personal que realiza servicio social” y “para el año 2024 más de 80 mil trabajadores de salud habrán sido regularizados”,*** gracias a los acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como ya estamos en plena campaña corcholatesca y nos llenan de promesas, quiero recordar que según el anuncio oficial publicado en enero de 2020: “los beneficiarios del Insabi sólo tendrían que presentar su credencial del INE, CURP o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud”, incluidos cáncer, VIH, entre otros. Ya “no tendrían que acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza, así como tampoco tendrían que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas””****.

 “Para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y lo necesario para su tratamiento, sólo tendrían que reunirse tres requisitos: encontrarse en territorio nacional;  no ser derechohabiente en el IMSS o el ISSSTE y presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento”****.

En pocas palabras: un mundo feliz, feliz, feliz.

Desde ahora le puedo adelantar que para octubre del 24, los datos y promesas descritas no se habrán podido cumplir por culpa de Felipe Calderón, Genaro García Luna, Claudio X, los conservadores, clasemedieros, aspiracionistas, periodistas y mequetrefes que no entendieron la Transformación. 

*https://elpais.com/mexico/2023-02-09/la-agencia-de-naciones-unidas-en-mexico-cierra-el-proyecto

+El subrayado es mío.

**https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/09/antes-de-ser-director-del-insabi-juan-antonio-ferrer.

***http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/49970-presentacion-del-maestro-juan-antonio-ferrer-titular-de

****https://www.eleconomista.com.mx/politica/Seguro-Popular-es-remplazado-