*23 años bajo el agua
Contar con una vivienda digna es uno de los sueños más anhelados de toda familia mexicana, y ha sido una constante solicitud a los gobiernos en turno, misma solicitud que se ha sumado a los rezagos y olvidos de las autoridades, a pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución.
Esta reflexión viene a cuento por lo que ha ocurrido hasta hoy en el Fraccionamiento Ampliación Villa Verde, ubicado en la zona sur del municipio de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, donde sus habitantes se han encontrado al margen de poseer una vivienda digna, cuando se inundan sus casas, año tras año a causa del desbordamiento del “Arroyo Jaripilllos”, que no alcanza a desembocar al “Arroyo Jabalines”; situación que ha ocurrido desde el año 1998, cuando les fueron entregadas sus viviendas, obtenidas por medio de créditos de INFONAVIT.
El hecho es que la principal indignación vivida desde entonces por los moradores del Fraccionamiento Ampliación Villa Verde, es que las casas que les fueron ofrecidas y vendidas por parte del INFONAVIT, estaban viciadas de origen, pues tanto el organismo federal como la propia constructora del fraccionamiento Edificaciones y Desarrollos Urbanos, Sociedad Anónima EDUSA, tenían previo conocimiento de las afectaciones que sufrirían las viviendas en tiempos de lluvia, al haberlas construido a diez metros de distancia del “Arroyo Jaripilllos” y en un terreno en desnivel, hecho que fue ocultado a los compradores.
Más en este garlito, estuvieron también metidas y de manera muy destacada, autoridades del municipio de Mazatlán, pertenecientes al Partido Acción Nacional, quienes siempre fueron señalados por corruptos y autoritarios, y como ejemplo de esas conductas, fue el que dieron sin ninguna objeción los permisos necesarios a la empresa EDUSA para que construyera el fraccionamiento citado.
Y ante las constantes muestras de descontento y desesperación de los habitantes del fraccionamiento, conocidas a través del tiempo por distintas autoridades, tanto locales como federales, fue hasta el 10 de julio de 2001 que por medio de una minuta se definió el acuerdo de modificación del trazo del cauce del “Arroyo Jaripillos”, en su confluencia con el “Arroyo Jabalíes”, para evitar las inundaciones del Fraccionamiento Ampliación Villa Verde.
Este documento fue firmado en aquel entonces por el arquitecto Eric Reynosa Uribe, director de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología, del ayuntamiento de Mazatlán, por Rafael Sáenz Ramos, Subgerente Técnico y Emilio Torres Morales, Subgerentes Jurídico, ambos de la Comisión Nacional del Agua CNA en Mazatlán, Sinaloa y el arquitecto Alfredo Suárez Méndez, representante legal de EDUSA.
Sin embargo, esa acción burocrática quedó tan sólo en eso, y los moradores de ese fraccionamiento no tuvieran solución a su problema, y nuevamente fueron burlados por las autoridades firmantes, y sobremanera, por la empresa Edificaciones y Desarrollos Urbanos, Sociedad Anónima EDUSA, la que en su momento, por medio de su representante legal, arquitecto Alfredo Suárez Méndez, se negó a reubicar a las 40 familias en desgracia, manifestándoles a decir de los quejosos, “que le hagamos como le hagamos, no nos van a reubicar”, sentencia que los dejó en el abandono y con el agua cada vez más cerca de sus cuellos.
Y en su perseverante y continuo peregrinar, los quejosos, por medio de escrito de fecha 17 de noviembre de 2003, determinaron solicitar directamente la intervención de la máxima autoridad de la Comisión Nacional del Agua, en Mazatlán, Sinaloa, para que realizara las obras necesarias que eliminaran las inundaciones en el fraccionamiento y así evitar pérdida de vidas humanas, daños patrimoniales, y junto a ello el deterioro moral y emocional que eso implicaba.
Y así fue, que el 06 de febrero de 2004, la Gerencia Regional Pacífico Norte de la CNA, por medio del Oficio No. 800 00 R04.0.2. 161/04, dio contestación al escrito de fecha 17 de noviembre de 2003, de los habitantes del Fraccionamiento Ampliación Villa Verde, en donde les informó por medio del Oficio Número B00.00.R04.05-156, de fecha 06 de febrero de 2004, que su problemática había sido trasladada al área correspondiente de la Gerencia Regional Pacífico Norte, la Subgerencia Regional de Construcción, la que después de analizar el problema de la inundaciones fijó su posición de forma tajante señalando a los solicitantes:
Que el problema de la inundación del Fraccionamiento Ampliación Villa Verde, corresponde a un problema urbano, ocasionado por la falta de previsión al desarrollar viviendas en zona de regulación para avenidas extraordinarias del “Arroyo Jabalines”, donde desemboca el “Arroyo “Jaripillos”, por lo que corresponde al municipio de Mazatlán y a la empresa EDUSA constructora responsable del fraccionamiento, tomar las medidas correctivas, las cuales podrían ser las acordadas en la minuta de fecha 10 de julio de 2001, en la cual la Comisión Nacional del Agua participó.
Mas desde 1998 a la fecha, han pasado muchos años y administraciones, y ninguna entidad de gobierno enterada del acuerdo se ha hecho responsable de darle cumplimiento, una a otra, se han pasado la bolita. Y qué decir de la constructora EDUSA, que constantemente cambia de nombre y domicilio fiscal para no ser ubicada, y así evitar responder por todo lo que le corresponde, a causa de su negligencia y corrupta actitud, en contra de trabajadores de escasos recursos.
Y al parecer, después de 23 años de estar mendigando ayuda a distintas autoridades para poder tener una vivienda digna, los habitantes del Fraccionamiento Ampliación Villa Verde han sido escuchados de mejor manera por el actual presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el QFB Luis Guillermo Benítez Torres, del Movimiento de Reconstrucción Nacional MORENA, quien en tiempos de lluvia y por ende de inundación del fraccionamiento, les proporciona enceres del hogar que se han perdido, y apoyo para rehabilitar puertas, pisos y ventanas.
Empero, lo más importante, es que el edil se encuentra reuniendo toda la documentación necesaria que fundamenta la petición de los quejosos y que se ha generado en más de 23 años, y acuerdo a la información vertida a este columnista, en cuanto se integre el expediente será enviado a la oficina del Presidente de la República, en Palacio Nacional, para su conocimiento y derivación a la oficina de Atención Ciudadana.
Hecho que, desde luego, abre una nueva esperanza a esas familias del puerto de Mazatlán, Sinaloa, para que ahora las autoridades federales puedan resolver su problema, sea cambiando el cauce del “Arroyo “Jaripillos” o reubicarlos en otra zona de la ciudad, y así dejar de sufrir no sólo el detrimento del valor de sus casas, sino también el seguir exponiendo sus vidas cada año que hay huracanes. Estaremos pendientes. Mientras tanto, así van las cosas, que no van bien.