*Todos en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas
El pasado 25 de noviembre de este 2024, se cumplieron 25 años de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres declarado en el año de 1999, pero por desgracia esta intención sigue quedado en eso, cuando la violencia contra mujeres y niñas no cesa, y se extiende de forma generalizada por muchas partes del mundo, sin importar que se violen sus derechos humanos.
De acuerdo a las estadísticas mundiales, una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual; el año pasado (2023) las cifras señalan que alrededor de 51.100 mujeres y niñas fueron privadas de la vida por parte de sus parejas o miembros de su familia o sea, una mujer murió cada diez minutos. Pero además, las mujeres siguen siendo violentadas en otros entornos, como el laboral y hasta por internet, en donde también sigue ganado la impunidad.
En México no debemos olvidar que en los gobiernos neoliberales y conservadores, la violencia institucional en contra de las mujeres fue un hecho innegable, como cuando miembros de 17 congresos locales de entidades federativas avalados por gobernadores y sin importarles la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, reformaron leyes que suprimieron uno de los derechos más importantes de ese sector de la sociedad: decidir sobre su cuerpo..
Ordenanzas constitucionales que prohibieron la interrupción del embarazo, que de no acatarse, conllevaría a una pena privativa de la libertad, lo cual se manifestó como una regresión a esos tiempos donde la “cultura social” criminalizaba el aborto, descontando el avance en el pensamiento científico, de los derechos jurídicos y humanos.
Y fue así, que decenas de organizaciones, llamadas civiles, en defensa de los derechos de las mujeres se manifestaron en contra de esas leyes y las que se pudieron establecer en otros estados, cuando siempre ha correspondido a las mujeres el derecho a decidir si interrumpen o no su embarazo, al ser su cuerpo, como el de toda persona, su primer y principal patrimonio.
Derecho que tenían que ver con la justicia social y la salud pública, también desconocidas por prohibiciones institucionales azuzadas por el clero, cuando no importó que miles de mujeres hayan muerto al abortar en prácticas no realizadas en condiciones hospitalarias ni por profesionales de la medicina, lo cual siempre pudo haberse evitado; derechos sociales que estaban consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pero a pesar de estos compromisos suscritos por el propio Estado mexicano, éste lo desconoció y dio paso para que gobiernos estatales de igual manera los pisaran, sin importarles el repudio nacional e internacional –ganado desde hace tiempo-, ni la celebración que conmemoraría (25 de noviembre de 2009) el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y mucho menos la Norma Oficial Mexicana 046 que regulaba los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres y otorgar anticonceptivos de emergencia a víctimas de violación.
Mas el hecho criticable en aquel año de 2009, es que fueron 11 legislaturas locales, donde gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en donde el marco legal en plena alianza con el clero lo reformaron, penalizando la práctica del aborto sin importar cual haya sido el motivo del embarazo. Igualando con esas conductas a los pensamientos trasnochados de los grupos conservadores y de ultraderecha del Partido Acción Nacional, siempre apegados a los dogmas de los mantos púrpuras que vulneraba al Estado laico y las políticas públicas, como fue anular los derechos conquistados por las ciudadanas mexicanas desde hace más de 77 años.
Y fue así, que esos priístas mostraron el desconocimiento pleno de los orígenes y principios históricos de su partido y a las causas a las que se debían, como lo dijera en ese tiempo y momento el senador de la República, Francisco Labastida, “los legisladores priístas no pueden asumir ideologías opuestas ni respaldar posturas contrarias a la realidad del país, a la problemática nacional y a los derechos de las mujeres”
En esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordamos en específico, como los gobiernos del PRI y del PAN ejercieron, como ya lo mencione, una violencia institucional en contra de las mujeres al haber reformado leyes para criminalizar la interrupción del embarazo, que en nada ayudó, al haber ido en contra de la realidad, al momento en que en el interior del país se inducían cerca de 100 mil abortos cada año, de los cuales el 7 por ciento de las mujeres que se lo practicaban morían por falta de asistencia médica hospitalaria.
Por fortuna, desde hace muchos años, la lucha de las mujeres mexicanas para que sean respetados sus derechos y así eliminar la violencia en su contra, de todas las formas existentes, ha dado frutos. Hoy los gobiernos progresistas las ha entendido y acogido, buscando la igualdad con el hombre, jurídica, social y humana. Sus derechos como mujer ya están consagrados en nuestra Constitución y las leyes, ya hasta tienen la Secretaría de las Mujeres, enhorabuena. Y hoy más que nunca, todos en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas. Mientras tanto, así van las cosas, que si van bien.