Por Efrén Páez Jiménez
(dpl news) Tras varios meses de debate, el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente la Ley CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), que permitirá aplicar subsidios por hasta 52 mil millones de dólares para impulsar la producción de semiconductores al interior del país y contrarrestar la dependencia hacia las fábricas asiáticas.
En una votación por 243 votos a favor y 187 en contra este jueves 28 de julio, la Cámara Baja aprobó la Ley de Ciencia y CHIPS por 280 mil millones de dólares, para fortalecer la innovación científica y tecnológica de Estados Unidos. La ley ahora sólo requiere ser firmada por el presidente Joe Biden para entrar en vigor.
El proyecto de ley proporciona un crédito fiscal del 25 por ciento para las instalaciones estadounidenses que producen semiconductores o equipos para la fabricación de chips y 52 mil millones de dólares en financiación para nuevos programas de semiconductores.
El financiamiento incluye 39 mil millones de dólares en subvenciones disponibles para fabricantes de semiconductores, así como para proveedores de equipos y materiales, y 11 mil millones para programas federales de investigación de semiconductores.
“Es exactamente lo que debemos hacer para hacer crecer nuestra economía en este momento. Al fabricar más semiconductores en los Estados Unidos, este proyecto de ley aumentará la fabricación nacional y reducirá los costos para las familias. Y fortalecerá nuestra seguridad nacional al hacernos menos dependientes de las fuentes extranjeras de semiconductores”, celebró Biden mediante un comunicado.
Al contar con el apoyo de los partidos Demócrata y Republicano, la ley se había convertido en una de las principales prioridades para el gobierno estadounidense, ya que permitiría reducir la dependencia del país hacia las manufacturas asiáticas y reducir así los impactos por conflictos geopolíticos alrededor de países relevantes en la fabricación de chips como Taiwán.
Además de los fondos directamente para la fabricación de chips, la ley también prevé otorgar subsidios por hasta 10 mil millones de dólares para los estados y comunidades para la construcción de “hubs regionales de tecnología”, que apoyen a la generación de talento local.
La ley atrajo especial atención de ciudadanos y políticos tras el impacto de la pandemia por Covid-19, que provocó la escasez de dispositivos de cómputo como laptops, teléfonos y consolas, ante un alza atípica en la demanda y disrupciones a las cadenas de suministro.
Se espera que compañías como Intel, Micron y la taiwanesa TSMC se vean beneficiadas por la nueva legislación. Ambas han adelantado sus planes para construir nuevas plantas de fundición de semiconductores en el país en estados como Arizona y Ohio.
Micron celebró la aprobación de la nueva ley y aseguró que los fondos “permitirán aumentar significativamente la producción nacional de memoria en los próximos años”. Según Micron, actualmente sólo 2 por ciento del suministro global de memoria se fabrica en los Estados Unidos.
Aunque la industria estadounidense cuenta con gran relevancia en aspectos clave de la cadena de valor de semiconductores como el diseño y el registro de patentes, actualmente son grupos asiáticos los que poseen la mayor capacidad de fabricación de este componente.
El año pasado, tras el ingreso de Pat Gelsinger como CEO, Intel anunció su estrategia IDM 2.0, mediante la cual pretende ampliar la capacidad de fabricación de la compañía para atender a otros competidores, y respaldar los esfuerzos para incrementar la participación de Estados Unidos y Europa en la manufactura de chips, en hasta el 30 y 20 por ciento, respectivamente.
La ley de Ciencia y CHIPS fue debatida en el Congreso por varios años antes de convertirse en la versión final aprobada ayer en la Cámara de Representantes. La primera versión se introdujo en 2019 como la “Endless Frontier Act”, que cambió su nombre a “Ley de Competencia e Innovación de Estados Unidos”, en el Senado durante 2021.
Se temía que la ley se estancara en 2022 ante el inicio del receso de actividades de agosto y por el ciclo electoral de mitad de periodo. La versión final recibió algunos recortes respecto al documento original para acelerar su aprobación.
Recientemente, surgieron reportes que afirmaban que Intel había pausado los trabajos para la instalación de una planta de chips en Ohio ante los retrasos para la aprobación de la Ley y la falta de incentivos por parte del gobierno estadounidense.
SEMI, la asociación global de empresas de diseño y fabricación de semiconductores, aplaudió la aprobación de la nueva legislación y aseguró que “será fundamental para impulsar la fabricación de semiconductores y la I+D junto con una amplia gama de cadenas de suministro estadounidenses”.
“Dado que las fábricas de manufactura de semiconductores dependen en gran medida de una combinación compleja de proveedores de equipos y materiales, la inclusión de estos contribuyentes críticos en los incentivos ayudará a garantizar la competitividad y la capacidad de recuperación del ecosistema de semiconductores de Estados Unidos”, señaló Ajit Manocha, presidente y CEO de SEMI.
La asociación estima que las ventas globales de equipos de fabricación de semiconductores por parte de los fabricantes de equipos originales alcancen un récord de 117 mil 500 millones de dólares en 2022, un aumento de 14.7 por ciento respecto al 2021, con la expectativa de alcanzar 120 mil 800 millones en 2023.
La nueva legislación incluye, además, 1.5 mil millones de dólares para el Fondo Público de Innovación de la Cadena de Suministro Inalámbrica que busca estimular el movimiento hacia tecnologías inalámbricas de arquitectura abierta y basadas en software. Básicamente, impulsar el crecimiento del mercado de Open-RAN.
El gobierno y la industria estadounidense buscan dar un nuevo impulso al crecimiento de O-RAN o redes abiertas de acceso inalámbrico, que reduzcan también la dependencia del país hacia fabricantes extranjeros de redes tradicionales y propietarias, como la sueca Ericsson, la finesa Nokia y la china Huawei.
Los conflictos geopolíticos entre Estados Unidos y China llevaron a la imposición de restricciones comerciales en contra de Huawei, lo que provocó conflictos de acceso a tecnología para el desarrollo de redes 5G entre operadores estadounidenses y europeos.