El miedo no anda en…

Para el próximo año, 2019, el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá reducir gastos en todo el Poder Judicial de la Federación, con el propósito de cumplir y coadyuvar con el proyecto del nuevo gobierno federal que busca acabar con gastos innecesarios.

Y fue el propio ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, quien ordenó que para el 2019 se reduzcan los gastos como compra de bienes, realización de eventos y otros que no se consideren de elemental necesidad para el cumplimiento de sus labores, a fin de que se genere mayor ahorro.

“Ante los retos económicos, políticos y sociales que enfrenta el país, el PJF debe plantearse una reorientación a sus estrategias de acción. Debe plantearse una reorientación a sus estrategias de acciones que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente de austeridad en el ejercicio del gasto público, haciéndolo de manera que con ello no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales”.

Y para que no quede duda de que la austeridad va en serio, añadió: “Se ha instruido a las autoridades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que elaboren los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio de 2019, que desde luego deberán someterse a la aprobación de los plenos correspondientes”.

Insistió en que los proyectos de gastos deberán prever únicamente lo que se requiera en bienes, servicios y obras que sean estrictamente indispensables y disminuyendo las adquisiciones de vehículos, gasto en remodelaciones, compra de mobiliario, equipamiento, entre otros.

Además, ordenó que se establezca la disminución de gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades, culturales y deportivas, así como apoyos económicos no indispensables para la adecuada impartición de justicia.

Con todo ello se estima que el Poder Judicial tendrá ahorros millonarios, pues en la medida de lo posible se profundizará en políticas de racionalidad y ahorro de recursos “como se ha hecho en los últimos años”.