La Comisión de Seguridad Pública analiza la iniciativa del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, en la que plantea reformar el artículo 32 de la Ley de Seguridad Nacional, y especificar las medidas de protección de las instancias gubernamentales, con el objetivo de enfrentar delitos digitales.

El legislador panista sostuvo que la reforma tiene el propósito de establecer en la ley el concepto “contrainteligencia”, el cual se entenderá como toda aquella actividad dirigida a la detección, localización y protección contra acciones de inteligencia, espionaje y sabotaje realizadas o planificadas por gobiernos, individuos u organizaciones extranjeras, o por el crimen organizado, con pretensiones de vulnerar la seguridad nacional.

Añadió que la importancia de su propuesta radica en que ilícitos como robo de identidad, expansión y creación de redes delictivas trasnacionales, ampliación de los cárteles de droga, filtraciones de correos, documentos y declaraciones institucionales han ido en aumento, por lo que es primordial que el Estado atienda cualquier acción que pueda vulnerar la Seguridad Nacional.

Subrayó que, ante el escenario de recurrentes filtraciones de información y la posibilidad de que ésta sea empleada para perjudicar el orden social y bienestar de los mexicanos, se requiere de una definición clara de contrainteligencia, con la intención de diseñar una operación eficiente con pleno apego a las garantías individuales y los derechos humanos.

Explicó que la legislación ya contempla una definición acerca de la labor de inteligencia de agentes ajenos y perjudiciales, pero el concepto de contrainteligencia aún tiene ambigüedades, lo cual se presta para interpretaciones abiertas por parte de las autoridades, lo que habilita un potencial abuso de poder.

Además, refirió que de acuerdo con información de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos de América, la definición de “contrainteligencia” debe atender premisas básicas: la generación de inteligencia estratégica para tomar ventaja ante posibles ataques digitales y tener un sistema nacional que integre y coordine los diversos programas, recursos y actividades para la obtención de objetivos comunes de las instancias involucradas, en este ámbito de seguridad.

Finalmente, el diputado Rosas Quintanilla consideró que con la adopción de este concepto se les da un carácter más integral a las agencias de inteligencia nacionales y un marco legal pertinente ante la existencia de múltiples factores de riesgo que atentan contra la preservación de la seguridad del país.

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