Por Violeta Contreras García
(dpl news) El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México marcaría un nuevo capítulo para la preponderancia, pero prácticamente con la misma historia.
La preponderancia es una figura que se refiere al agente económico con más de 50 por ciento de participación en el sector de telecomunicaciones o radiodifusión. La determinación se basaría en el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.
Surgió a partir de la reforma constitucional de 2013. En marzo de 2014, el entonces recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a América Móvil como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y a Grupo Televisa en el ámbito de la radiodifusión.
Hoy, a 11 años de ese suceso, la iniciativa de ley mantiene la preponderancia y la regulación asimétrica para quien sea considerado Agente Económico Preponderante (AEP).
El mayor cambio que traería la propuesta en términos de preponderancia es el ente regulador encargado de fijar las medidas regulatorias y supervisarlas. A diferencia del IFT, que era un organismo autónomo e independiente, la ATDT es una entidad que depende del Poder Ejecutivo.
La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión —en pausa en el Senado y en espera de un análisis más amplio— traslada a una autoridad de competencia econimica y libre concurrencia aún no creada y que estaría adscrita a la Secretaría de Economía la facultad de declarar la preponderancia y el poder sustancial del mercado.
Una vez emitida la declaratoria de preponderancia o poder sustancial de mercado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá la responsabilidad de establecer las medidas regulatorias a los Agentes Económicos Preponderantes, así como vigilar el cumplimiento y sancionar, de ser necesario, las faltas a la ley.
Ambas funciones las tenía el extinto IFT, según la ley de telecomunicaciones vigente.
El procedimiento para establecer las medidas de regulación asimétrica seguirá prácticamente el mismo curso que ha tenido hasta ahora, lo cual implica dar un periodo al presunto AEP para responder y aportar pruebas como parte de la investigación de la que está sujeto.
Como sucede actualmente, las medidas asimétricas que podrá determinar la ATDT incluyen aquellas relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.
Lo diferente será que la ATDT pedirá a la autoridad en materia de libre competencia su opinión no vinculante sobre el proyecto de resolución definitiva de imposición de medidas o, en su caso, de la resolución de modificación, adición o supresión de las mismas.
Sin embargo, con o sin opinión de la autoridad de competencia económica, la Agencia podrá continuar con el trámite correspondiente.
Casi nada cambia para la regulación asimétrica
La propuesta de nueva ley telecom contempla que el AEP en telecomunicaciones deberá someter a aprobación de la ATDT de manera anual o multianual las ofertas públicas de referencia para los servicios de interconexión; usuario visitante; compartición de infraestructura pasiva; desagregación efectiva de la red pública de telecomunicaciones local; accesos, incluyendo enlaces, y servicios de reventa mayorista sobre cualquier servicio que preste de forma minorista.
Actualmente, la ley de telecomunicaciones sólo establece que la aprobación de las ofertas públicas se haga de manera anual.
Otro de los cambios en el proyecto respecto de las medidas asimétricas tiene que ver con el servicio de intercambio y enrutamiento.
La iniciativa adiciona que el AEP debe “prestar el servicio de intercambio y enrutamiento de tráfico entre dos o más redes de telecomunicaciones, distintas a la red que origina dicho tráfico, con la finalidad de acceder al Internet global en condiciones no discriminatorias y en cualquier punto factible, independientemente de donde se ubiquen”.
Además, sería la ATDT la que defina las reglas, condiciones técnicas y tarifas correspondientes, según lo solicitado por concesionarios comerciales, públicos, sociales o cualquier otro contemplado en el régimen de autorizaciones.
Por otro lado, algunas otras modificaciones en la nueva propuesta de reforma incluyen los tiempos de revisión. Por ejemplo, se contempla que la ATDT verifique de manera semestral el cumplimiento de la regulación asimétrica y, en su caso, sancione el incumplimiento. Actualmente, la revisión se lleva a cabo cada tres meses.
Adiós a la propiedad cruzada en radiodifusión
Y en cuanto al sector de la radiodifusión, la propuesta de reforma señala que la ATDT podrá imponer las mismas medidas al AEP en materia de retransmisión de señal.
Sin embargo, el proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones elimina el capítulo IV “De la propiedad cruzada” que contiene la ley de 2013.
Dicho apartado indica que el órgano regulador puede ordenar algunas medidas “en casos de concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, que impida o limite el acceso a información plural en tales mercados y zonas”.
En dichas situaciones, el IFT podía indicar al concesionario de televisión restringida que integre canales de información noticiosa o de interés público, “en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso a información plural y oportuna”.
Además, el Instituto podía ordenar al concesionario que incluya al menos tres canales cuyos contenidos predominantemente sean producción propia de programadores nacionales independientes, y cuyo financiamiento sea mayoritariamente de origen mexicano.
Estas disposiciones respecto a la propiedad cruzada ya no aparecen en el documento que ingresó el Senado.
Pero aún no está dicho todo respecto a la reforma y sus contenidos. El lunes 28 de abril, el Senado de México puso en pausa la aprobación del polémico proyecto, que ha generado controversia y preocupación en el país, en espera de un análisis más profundo.