Como se sabe, el 24 de abril de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto nombró a los 18 magistrados que deben integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Senado de la República no cumplió con su obligación de ratificarlos, por lo que este organismo se encuentra incompleto…
Esto provocó que el Comité de Participación Ciudadana gestionara ante el Poder Judicial un amparo-denuncia contra el Poder Legislativo, recurso que prosperó y un juez federal ordenó al presidente Peña Nieto y al Senado de la República transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de los 18 magistrados… Pero inexplicablemente el Legislativo sigue en rebeldía y ni se inmuta por los riesgos que puede enfrentar si el asunto llega a la máxima instancia judicial, que es la Suprema Corte… Tal vez el miedo de los senadores radica en que los 18 magistrados que deben ser ratificados tendrán que integrar la Sección Especial de la Sala Superior y cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y resolverán en exclusiva las sanciones a servidores públicos y particulares que cometan delitos como peculado, cohecho, desvío de recursos o enriquecimiento ilícito… El asunto, pues, se pone interesante y en breve habrá noticias importantes que sacarán chispas…