Denuncian ante Sheinbaum y se engalla
Ante un paquete de denuncias y serias acusaciones de que el gobierno federal litiga en contra de líderes de comunidades agrarias y otros movimientos, la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo le dijo a un columnista del periódico La Jornada que no le acepta esos señalamientos, pero al final, luego de acalorado debate en que se enfrascaron, aceptó recibir las pruebas documentales para revisar los casos presentados y reseñados públicamente.
Durante el prolongado diálogo sostenido, las siguientes palabras motivaron el enojo de la mandataria:
“Hoy no se necesita una represión del Estado contra los líderes de estas comunidades o contra movimientos, porque una especie de paramilitarismo con los grupos del crimen organizado hace que haya represión, asesinatos, desaparición de diferentes líderes en diferentes partes del país.
“Mientras la impunidad siga presente y mientras no se castigue, ahí sigue esto. Y mientras los aparatos de poder se mantengan en ese sentido, creo que se sigue promoviendo el que bajo la idea de ‘promover empleos, de promover apertura de industrias’, se siga permitiendo daños al medio ambiente”.
Esto ocurrió en la mañanera del pueblo del viernes pasado y todo comenzó así:
COLUMNIUSTA: Gracias. Julio “Astillero”, de Astillero Informa. Buenos días, Presidenta.
Quiero plantear un tema que creo que es de importancia dentro del contexto de lo que sucede en el país, que son los problemas ambientales, los problemas que están generando en buena parte de la población una preocupación acerca de industrias extractivistas de defensa del agua, defensa del medio ambiente, en una izquierda social que está luchando ampliamente en muchos lugares y gente de ciudades en las cuales hay afectaciones de este tipo.
Quiero plantearle, sobre todo, dos temas que me parece que es importante tomar en cuenta:
Este domingo habrá de realizarse o está convocada para realizarse una asamblea ejidal en Corcovada, que es una localidad del municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí. Hay una gran movilización allá, porque esto proviene de un proyecto que está impulsando un grupo de abogados y personas empresarias relacionadas con el Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.
Es la solicitud para una construcción de una planta de producción de material para construcción. Sin embargo, en la propia solicitud se incluye el que pueda haber actividad minera.
Eso genera que ahí, en ese lugar, ha habido todavía residuos de oro a bajo nivel, pero parece que se puede reproducir un esquema como el de Cerro de San Pedro, donde se arrasó todo para ir sacando los residuos de oro.
Por otra parte, hay también indicios de que pueda haber litio.
Frente a todo ello, las comunidades han estado exigiendo que haya… que se suspenda esa reunión, que será este próximo domingo. De ello conocen ya las propias autoridades federales, el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria.
Es un sinsentido jurídico el que ahí hay, porque se busca promover la enajenación de 426 hectáreas para un proyecto, por lo pronto, de materiales de construcción, pero que implica la posibilidad de actividad minera.
Como sabemos, la actividad minera en muchas partes del país implica no solo el manejo de la compra tramposa o a bajo precio de los terrenos, la manipulación de ejidatarios, la división interna, sino además y, sobre todo, el riesgo de la instalación de proyectos tóxicos.
El gobernador del estado de San Luis Potosí ha dicho que sí hay viabilidad para que se instale la cementera, pero no algo de minería.
Hay un proyecto también impulsado por diputados de Morena para que haya un acuerdo del Congreso del estado que cierre el paso a este proyecto.
Por otra parte, en Sinaloa, en Ohuira, hay una movilización desde hace años en contra de un proyecto que implica la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco conforme a un proyecto de empresas trasnacionales.
Ello ha llevado a una serie de colusión —y uso el término con toda propiedad y con la capacidad de demostrar lo que estoy diciendo— colusión de autoridades a nivel municipal en el municipio de Ahome, del gobierno del estado, con Rubén Rocha Moya, y también de ámbitos del gobierno federal, particularmente en la administración anterior, cuando se hizo una consulta simulada por parte del subsecretario Rabindranath Salazar.
Ha habido una serie de omisiones e irregularidades en ese proyecto, en el cual ya hoy… digo, no hoy, desde meses y estos tiempos recientes, se han ido instalando abiertamente no solo la empresa que pretende generar esta producción de amoniaco, sino varias más, que en un lugar que es protegido por la regulación Ramsar, que establece humedales, donde debe haber protección de la vida silvestre, de plantas; y es una comunidad donde existen comunidades pesqueras, cooperativas pesqueras y comunidades indígenas.
No ha habido la respuesta adecuada, particularmente de la Procuraduría Federal para Asuntos del Medio Ambiente, a cargo de Mariana Boy, donde se han estado estableciendo solicitudes de que se verifique que hay toda esa serie de instalaciones.
Ha habido una especie de desatención continua de este asunto a nivel de Gobierno Federal anterior. La anterior secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Albores, prometió en tres ocasiones firmemente reunirse con esta comunidad y no lo hizo; el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ofreció que en días iba a reunirse con esta comunidad, y no lo hizo.
Están en curso solicitudes diversas. Y en el ámbito judicial está estancado este terreno, donde debo decirle que, quien litiga contra las comunidades es la Semarnat, es decir, el Gobierno Federal, que está en un proceso en el cual este proyecto fue impulsado por Gerardo Vargas Landeros, que era secretario de Gobierno con Mario López, “Malova”, Mario López Valdez, que fue gobernador de Sinaloa, en un proyecto en el cual participó también el despacho jurídico de Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador del estado.
Hasta ahora no existe la debida actuación de la Profepa, de la Protección Federal del Medio Ambiente.
Y por otra parte, están estancados estos procesos judiciales, en los cuales —como le digo— el Gobierno Federal es quien actúa como parte litigante contra estas comunidades de Ohuira, que mantienen una gran presencia.
Entonces, todo esto se lo planteo en el marco de que, pienso que debemos preguntarnos “¿cuál es la eficacia y la capacidad que se tiene en los diferentes ámbitos de gobierno?”, para enfrentar estos problemas que surcan el país entero, donde hay muchas protestas por cuestiones de agua, por cuestiones de empresas, de industria extractivistas.
Hoy no se necesita una represión del Estado contra los líderes de estas comunidades o contra movimientos, porque una especie de paramilitarismo con los grupos del crimen organizado hace que haya represión, asesinatos, desaparición de diferentes líderes en diferentes partes del país.
Mientras la impunidad siga presente y mientras no se castigue, ahí sigue esto. Y mientras los aparatos de poder se mantengan en ese sentido, creo que se sigue promoviendo el que bajo la idea de “promover empleos, de promover apertura de industrias”, se siga permitiendo daños al medio ambiente.
Es lo que le quiero plantear y pedirle su punto de vista.
PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Son dos casos distintos:
En el primero, en el caso de San Luis Potosí, es importante que se sepa cuál es la normatividad.
En el caso de minas de materiales pétreos, es decir, no ferrosos, las autorizaciones ambientales son de los estados. En el caso de minas de oro, plata, cobre, etcétera, el impacto ambiental, la Manifestación de Impacto Ambiental tiene que ser autorizada por la Semarnat.
En el caso de San Luis Potosí, no hay ni autorización del estado y tampoco de la Federación, en términos ambientales.
Entonces, lo que hay este fin de semana es una asamblea ejidal, y está pendiente ahí el procurador agrario para ver en qué condiciones está esta asamblea, y que se realice el impacto ambiental adecuado para ver si tiene autorización o no.
Entonces, vamos a pedirle a la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, que entre en contacto con el gobierno del estado; y también a Edna Vega, de Sedatu, que es quien a su cargo está la Procuraduría Agraria, para que pueda entrar en contacto con los ejidatarios y que se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener, y que se vea tanto a nivel estatal como a nivel federal.
Ese sería el primer caso.
En el segundo caso, no te acepto que la Semarnat esté trabajando en contra de las comunidades.
COLUMNISTA: Es la que litiga.
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí, pero no es verdad.
COLUMNISTA: ¿No es verdad?
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No, no es verdad.
COLUMNISTA: ¿Qué?
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Que la Semarnat es la que esté litigando a favor de una empresa.
Lo que hace la Semarnat, desde el gobierno del presidente López Obrador y desde nuestro gobierno, por ley, es recibir las Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluar si el proyecto tiene viabilidad o no tiene viabilidad, eso es lo que hace.
Y por otro lado, hoy, aprobada ya, si es comunidad indígena, por el 2º constitucional, el INPI hace la consulta indígena; si no es comunidad indígena, es Secretaría de Gobernación, junto con el gobierno del estado, quien hace las consultas.
Y a partir de la evaluación del impacto ambiental de un proyecto, de platicar con las comunidades, se ve si tiene viabilidad o no un proyecto de desarrollo. Eso es cualquier lugar de nuestro país. Hay una parte, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es realizado por los estados y otra parte, en este caso, cuando se trata de una industria química que tiene que ser evaluado por la Federación.
Entonces, en su momento, se hizo una valoración de impacto ambiental. Si todavía hay comunidades que están en contra, siempre va a haber diálogo, comunicación.
Pero lo que no puedo aceptar es que se diga que “desde la Semarnat o desde nuestro gobierno se está litigando en contra de una comunidad”, porque no es el caso.
COLUMNISTA: Son cuatro comunidades las que son afectadas directamente por lo que sucede en la Bahía de Ohuira. Se hizo una consulta en la cual se implicó a otras comunidades que no son afectadas directamente. Las cuatro que se sustentan con comunidades indígenas que están en contra y con cooperativas pesqueras, las cuatro realmente afectadas, están abierta y militantemente en contra. Es un proceso plagado de irregularidades, según lo que he podido documentar y que puedo demostrarle.
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Pues recibimos tu documentación con gusto.
16/05/2025