*Eliminar organismos autónomos, otro capricho de ya saben quién
Sin reparar en su obviedad y la enorme prisa que tiene por desaparecer por lo menos 10 organismos autónomos en México, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pero no de todos los mexicanos, enviará una reforma constitucional para ello y dijo:
“Estoy revisando, con lupa, lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público”.
No se necesita ser un experto para deducir, inferir, señalar, intuir, adivinar, que la desaparición de organismos autónomos, especialmente aquellos encargados de funciones críticas como la fiscalización, la transparencia y la defensa de los derechos humanos, puede tener consecuencias negativas para la salud de una democracia que tanto cacarea AMLO, y desestabilizar el equilibrio de poderes, claro, menos el del Ejecutivo.
¿Razones para hacerlo? Solo se me ocurre pensar que es para cuidarse las espaldas, porque si en verdad fueran organismos corruptos, como él se empeña en señalar, bastaría con aplicar la ley, sanear esas instituciones, perfeccionarlas y blindarlas, pero no, es cortarlas de tajo como si fueran un verdadero problema; pero no es así, están diseñadas para operar de manera independiente y sin interferencia política directa.
Al desaparecer se corre el riesgo de perder un control externo e imparcial sobre las acciones del gobierno, provocando un grave riesgo de impunidad porque la existencia de dichos organismos, como fiscalías independientes o la comisión de derechos humanos, son esenciales para investigar y responsabilizar a aquellos que abusan del poder. ¿Para qué eliminarlos? Para darle paso a la impunidad y evitar la rendición de cuentas, cuentas que el actual presidente no quiere dar.
Lo anterior puede conducir a una disminución en la transparencia gubernamental, pues a menudo juegan un papel crucial en la divulgación de información importante para el público y pareciera que el actual gobierno se inclina por la opacidad y por catalogar dicha información como reservada o de seguridad nacional.
La Comisión de Derechos Humanos juega un papel fundamental para garantizar que las políticas y acciones del gobierno respeten y protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero según López, este organismo no está contemplado.
Pareciera que el gobierno no quiere tener contrapesos, y precisamente dichas instituciones actúan como contrapeso, y su desaparición podría conducir a un desequilibrio en la distribución de poder, favoreciendo la concentración de autoridad. ¡Más claro ni el agua!
Es innegable que parte de la ciudadanía desconfía de dichas instituciones porque percibe en ellas falta de independencia e intuye una clara interferencia política con lo cual se pone en entredicho la legitimidad de las acciones gubernamentales, no obstante que varios organismos autónomos tienen un papel crítico en la lucha contra la corrupción, con lo que su desaparición podría hacer más difícil abordar este problema sistémico o simplemente no abordarlo.
¿De qué otra manera se podría mantener la integridad, transparencia y equilibrio de poderes en un país cuyo presidente se jacta de ser democrático? Es claro que su desaparición podría tener consecuencias negativas para la gobernabilidad y para el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
La desaparición de organismos autónomos puede ser altamente controvertida y generar preocupaciones sobre la rendición de cuentas, la independencia judicial, la transparencia y la protección de derechos fundamentales.
Su existencia suele estar vinculada a la preservación de la separación de poderes y la promoción de una gobernanza democrática y justa, por lo que cualquier intento de eliminarlos debe ser abordado cuidadosamente para garantizar que se mantengan los principios fundamentales de una sociedad democrática y de derechos, pero eso parece no importarle mucho a AMLO, hay que desaparecerlos cuanto antes porque él “ya se va” y no hay que dejar cabos sueltos.
Hasta la próxima