*Más Allá de las Promesas: La Gestión de las Mujeres en el Poder

Desde 2021, México ha tenido un avance muy importante en la representación femenina en la política con la elección, nada más y nada menos, de siete gobernadoras y una presidenta de la república. Sin embargo, este progreso se empaña y se cuestiona por una serie de críticas que ponen en entredicho su capacidad de liderazgo y su compromiso con el bienestar de la población.

Por ejemplo, la jovencita Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, es objeto de severos cuestionamientos por su incapacidad para abordar la alarmante violencia y la inseguridad en la región. A pesar de sus múltiples promesas, tanto en campaña como actual gobernadora, de crear un entorno seguro, lo cierto es que la situación se ha deteriorado.

Los ciudadanos, que confiaron en su liderazgo, como ha sucedido durante décadas con los hombres que han sido gobernadores, se sienten engañados y traicionados al ver que sus expectativas se convierten en un espejismo.

En Campeche, Layda Sansores, hija de "El Negro" Carlos Sansores Pérez, cacique del sureste mexicano, ha dejado ver un estilo de gobierno marcado por la confrontación. Su falta de respeto por la oposición y el uso cuestionable de recursos públicos son solo algunos de los aspectos que generan desconfianza.

La transparencia, que debería ser un pilar de cualquier administración, brilla por su ausencia en su gestión. Los escándalos y la falta de rendición de cuentas ha debilitado la legitimidad de su gobierno, haciendo que muchos cuestionen si realmente está al servicio de su pueblo, pero parece ser que es como su padre que siempre estuvo al servicio del partido político y del Presidente de la República.

La muchachita Indira Vizcaíno, actual gobernadora de Colima, ha sido acusada de no generar resultados tangibles en su corto tiempo en el cargo. La inacción frente a problemas económicos y sociales urgentes ha dejado a la población frustrada.

En lugar de innovar y proponer soluciones, su administración parece paralizada, lo que pone de manifiesto una alarmante falta de visión y liderazgo y nos deja ver que, como otras, el puesto le queda grande.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, se encuentra atrapada, gracias a su progenitor Salgado Macedonio, en un legado de inseguridad y corrupción que no ha logrado, querido o intentado transformar.

Aunque su promesa de cambio fue bien recibida, la falta de acciones concretas ha llevado a la desilusión. Los ciudadanos de Guerrero, que han padecido décadas de violencia y azotados por la desgracia debido a fenómenos naturales, no pueden permitirse esperar más, y su paciencia se agota mientras su administración parece más interesada en la retórica que en la acción real.

Lorena Cuéllar, jefa del ejecutivo en Tlaxcala, enfrenta un panorama similar. Su incapacidad para implementar programas sociales de manera efectiva ha generado un descontento palpable. La gente necesita cambios visibles en salud y educación, pero las promesas han sido solo eso: palabras vacías.

La falta de un enfoque claro y una estrategia definida están costándole la confianza de los ciudadanos. Su cercanía a ciertos grupos políticos ha sido vista como un posible conflicto de interés, lo que ha llevado a dudas sobre su independencia y capacidad de gobernar para el bienestar general.

Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, no ha estado exenta de críticas. Su gestión como jefa de gobierno se distinguió por errores en la infraestructura y una falta de respuesta adecuada ante emergencias.

A pesar de algunos logros en sostenibilidad, la percepción de ineficacia en el manejo de la movilidad y la gestión del agua ha dejado una sombra sobre su administración. La desconfianza de los capitalinos crece, y muchos comienzan a preguntarse si realmente está capacitada para gobernar un país.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, heredó un panorama complicado, pero su administración continua con políticas que muchos consideran obsoletas. La inseguridad sigue siendo un tema candente y, en lugar de proponer un cambio radical, su gobierno parece seguir una línea continuista que poco aporta al desarrollo del estado.

La falta de propuestas innovadoras y la inacción son profundamente decepcionantes para quienes esperaban un verdadero cambio, algo que se veía venir al mostrar que como Secretaria de Educación Pública fue algo menos que un cero a la izquierda.

Por otro lado, Luisa María Alcalde Luján y Rosa Isela Rodríguez, aunque no han sido gobernadoras, sí fueron figuras del gabinete federal en el sexenio pasado, lo que no las exenta de estar en la línea de fuego.

Alcalde, en su papel como secretaria del Trabajo, fue cuestionada por su incapacidad para mejorar las condiciones laborales en un país donde los derechos de los trabajadores son constantemente vulnerados.

La falta de acciones efectivas para proteger a los trabajadores ha llevado a muchos a cuestionar su compromiso con su labor, no se diga como Secretaria de Gobernación, cuyo puesto ocupó por “dedazo” más que por su preparación.

Rosa Isela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue duramente criticada, lo que no le importó, por la creciente violencia en diversas regiones del país. La ineficacia en la implementación de estrategias para combatir la criminalidad deja a los mexicanos en un estado de inseguridad constante, y ahora como Secretaria de Gobernación parece más un intento de maquillar la situación que un esfuerzo genuino por abordar los problemas de fondo. Digamos que es la misma gata, pero revolcada, ejemplo claro de cómo se premia la incapacidad.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la “ministra” Lania Batres se distingue por su falta de claridad en sus argumentos durante importantes juicios, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su preparación y enfoque.

De la noche a la mañana pasó a ocupar un puesto importante para el cual no está preparada, lo que me hace ver que en el sexenio anterior una de las premisas era “echando a perder se aprende”. Por otro lado, Yazmín Esquivel, ha enfrentado polémica debido a su implicación en un escándalo de plagio en su tesis doctoral, lo que ha generado serias dudas sobre su ética profesional y capacidad para desempeñar su función de manera adecuada.

Ambas situaciones han resaltado preocupaciones sobre la idoneidad de sus cargos y la necesidad de una evaluación más rigurosa de los perfiles de quienes ocupan posiciones clave en el sistema judicial.

Aunque la elección de estas mujeres es un avance importante en la representación de género en la política mexicana, sus gestiones dejan mucho que desear. La crítica no solo se centra en sus políticas, sino también en su incapacidad para generar confianza y brindar soluciones efectivas a los problemas que aquejan a sus estados y al país en general.

El verdadero desafío para estas líderes será demostrar que pueden convertir las expectativas en realidades tangibles para sus ciudadanos, lo cual se ve muy difícil tomando en cuenta la manera de cómo llegaron al cargo.

La paciencia de la población se agota, y el tiempo para actuar es ahora. Sin acciones contundentes y efectivas, estas “líderes” corren el riesgo de ser recordadas no como pioneras en la política, sino como un reflejo de oportunidades perdidas.

Un sistema que prioriza la capacidad y la preparación sobre el género promueve una meritocracia más sólida. Esto no solo beneficia a los individuos que son verdaderamente competentes, sino que también aumenta la confianza de la ciudadanía en sus líderes, lo que es esencial para el buen funcionamiento de cualquier democracia.

La paridad de género debe ser un objetivo importante para corregir desigualdades históricas, pero lo cierto es que debe ir por delante la calidad del liderazgo y la capacidad de un individuo para el éxito en un cargo.

La búsqueda de una representación equitativa debe ir acompañada de un compromiso con la meritocracia y la evaluación basada en resultados, asegurando que el enfoque se mantenga en la efectividad y competencia, independientemente de si se trata de hombres o mujeres.

México se hunde en la mediocridad debido a decisiones basadas en un ideal de representación que ignora la realidad de la preparación y la eficacia. La urgencia por transformar el país exige líderes con la capacidad de abordar los problemas de manera efectiva, sin importar su género. La igualdad de oportunidades tiene que incluir la posibilidad de que tanto hombres como mujeres sean evaluados y seleccionados en función de su capacidad, asegurando que quienes estén al mando tengan la preparación necesaria para guiar un país.

Es absurdo que, bajo un enfoque que busca la paridad de género, se coloque en puestos clave a mujeres sin la capacidad necesaria, al igual que a hombres mediocres que han plagado el panorama político durante décadas.

Esta dinámica no solo socava el principio de meritocracia, sino que perpetúa un ciclo de ineptitud. La lucha por la equidad no debe sacrificarse en nombre de un ideal que no prioriza lo esencial: la competencia y la preparación.

Hasta la próxima.

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