Izquierdistas se exhiben y pelean el botín
Durante muchos años el Senado de la República ha manejado con absoluta opacidad el destino del dinero que recibe cada año del pueblo, vía presupuesto de la federación, y si bien priistas y panistas también incurrieron en irregularidades cuando tuvieron el control del órgano parlamentario, en los últimos años los morenistas han sido más derrochadores con alcances penales por los provechos personales obtenidos.
Esto comenzó con la llegada del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, justo cuando Andrés Manuel López Obrador, creador de ese organismo político, ganó las elecciones para la Presidencia de la República en 2018 y permitió que el senador Ricardo Monreal Ávila manejara a su antojo las 64 y 65 legislaturas.
Pero ahora, en la 66 legislatura que comenzó el trabajo parlamentario el pasado primero de septiembre, el nuevo propietario del organismo parlamentario, Adán Augusto López Hernández, acaba de anunciar lo que descubrió en esos seis años del monrealismo y de forma tronante hizo pública la advertencia que son tan graves los derroches con el dinero del pueblo, que no queda otra que presentar las denuncias penales correspondientes.
El viernes pasado el legislador tabasqueño, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, informó al Pleno, en la última sesión pública ordinaria de este año, que se inició en el Senado de la República un proceso para limpiar de “cualquier sospecha de corrupción” a esta Cámara.
En tribuna detalló que comenzó el procedimiento para rescindir contratos sobre “dos negocitos añejos”: uno, dijo, tiene que ver con una empresa a la que anualmente se le beneficiaba con más de 60 millones 529 mil pesos al año, para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República.
Aseguró que este proceso no sólo se inició con la rescisión de esos contratos, sino que se le ha pedido al director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, que presente las denuncias correspondientes.
“Que se informe por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo”, de la que se dará a conocer la ubicación precisa a las autoridades correspondientes, indicó.
La empresa, abundó López Hernández, se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente, más allá del nombre y del contrato firmado año con año.
Adicionalmente, informó a la asamblea que otra de las acciones consiste en la rescisión de un contrato multianual, por el que se destinan 90 millones 427 mil 500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piasa, que se dedica al mantenimiento de elevadores.
“Y vamos a presentar las denuncias correspondientes, para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos de quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso, ni siquiera se pudo instalar un aparato”, recalcó.
Además, indicó, se presentarán en la próxima sesión tres o más contratos, en los que también se simulaban prestaciones al Senado de la República.
Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política informó al Pleno que la Cámara de Diputados aprobó una reducción al presupuesto del Senado de la República para el próximo año por 123 millones de pesos.
Destacó que este recorte a la Cámara de Senadores “nos obliga a revisar la aplicación del presupuesto”, pues, recordó, existe un compromiso con los trabajadores de limpieza y mantenimiento, luego de que hace unos días se firmó un convenio para contratarlos y dar fin al vicio laboral que se conoce como outsourcing.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, manifestó el respaldo de los integrantes de este órgano de gobierno a la determinación del presidente de la Junta de Coordinación Política.