Por Efrén Páez Jiménez
(dpl news) Para la tercera revisión bienal de las medidas de preponderancia establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se ajustaron y se impusieron nuevas medidas al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), que más allá de generar un ambiente de competencia sostenible y de beneficio para los usuarios, continúan centrándose en dar una ventaja artificial temporal para los operadores.
Durante un taller con medios, el IFT señaló que al no haberse obtenido los resultados esperados desde la primera implementación de la preponderancia, se han comenzado a imponer nuevas medidas que explícitamente permitan el crecimiento del resto de los operadores.
El pecado de origen de la preponderancia se encuentra en su propio concepto, formado a partir de una medida arbitraria, como lo es tener 50 por ciento de participación de mercado bajo prácticamente cualquier medida de la que se tengan datos. Básicamente, una regulación que castiga el tamaño, sin realizar la correcta identificación de posibles prácticas anticompetitivas, previo análisis del mercado.
En ese sentido, en lugar de incrementar la competencia del mercado, el propósito de la preponderancia se ha limitado a frenar el crecimiento y el alcance del operador más grande, así como impulsar de forma artificial, ya sea por regulación o subsidios estatales –como el caso de la Red Compartida– el crecimiento del resto de los operadores.
Cabe señalar que la ejecución de la preponderancia de telecomunicaciones, como se definió en México, pudiera representar una ayuda artificial para otros operadores emergentes, pero no necesariamente integra los incentivos requeridos para impulsar la inversión de ellos en más infraestructura, mejor calidad de los servicios o innovación comercial.
Por lo mismo, aunque el IFT se designó como la autoridad de competencia del sector de telecomunicaciones, su actuar se ha limitado a la ejecución de las medidas de preponderancia, un concepto que debería ser temporal y sólo una de las muchas herramientas que el instituto puede ejecutar para asegurar la sana competencia del sector.
Aun si los operadores emergentes llegaran a capturar una mayor participación de mercado, al largo plazo se corre el riesgo de volverse adictos de las medidas asimétricas por la preponderancia, sino se impulsan también los incentivos requeridos para el crecimiento de la inversión en más infraestructura.
Por ejemplo, la extensión de la obligación del AEPT de prestar el Servicio Mayorista de Usuario Visitante por un nuevo periodo de hasta 5 años, podría ser también un reflejo de la dependencia creciente de los operadores emergentes a la infraestructura del preponderante, sin planes para que los operadores efectivamente instalen infraestructura o se permita la firma de acuerdos de compartición.
Lo mismo sucede con la modificación a las pruebas de replicabilidad económica, en la cual ahora el IFT realizará pruebas de replicabilidad a ofertas a nivel individual de servicios de telecomunicaciones móviles. Esta medida crea condiciones artificiales para los operadores que podrían no poder sostener en el largo plazo.
Actualmente, los operadores emergentes tienen el beneficio de acceder a una red bajo precios regulados por la preponderancia, pero la regulación debería incluir un análisis sobre si los operadores competidores podrán eventualmente mantener esos costos y precios sin requerir el acceso a una red regulada.
El propio IFT afirma que el objetivo de esta medida sería reducir las asimetrías de cobertura entre los operadores y garantizar la continuidad de los usuarios finales. Sin embargo, no hay garantías de que en el largo plazo los operadores puedan reducir la asimetría en cobertura sin la ayuda actual de las medidas de preponderancia.
Entre las nuevas medidas impuestas por el IFT destacan el desbloqueo de terminales, la prohibición de condicionar o atar ventas de servicios a dispositivos y la eliminación de plazos forzosos.
Si bien estas medidas prometen dar una mayor libertad de elección a los usuarios y mayor flexibilidad para contratar o comprar en las marcas y tiendas a su conveniencia, llama la atención que son medidas que aplicarán únicamente al preponderante.
Por un lado, el IFT tendrá que prestar especial atención sobre cómo estas medidas podrían afectar la oferta comercial del preponderante en favor de sus usuarios para el acceso a dispositivos. Por ejemplo, las compras a plazo que permiten la renovación de dispositivos con mejor tecnología, mediante esquemas flexibles y accesibles de pago.
También es necesario reconocer que planes comerciales que incluyen un equipo a ser pagado en un plazo determinado, por ejemplo, no representan una práctica anticompetitiva. Las medidas asimétricas no deberían estar enfocadas en migrar usuarios del preponderante al resto de competidores, sino en crear condiciones de competencia generales enfocadas al usuario. Si ciertas prácticas se han determinado que afectan la movilidad de los usuarios o son anticompetitivas, lo lógico sería que fueran implementadas en general.
Por otro lado, el IFT detalla que el propósito de la entrega de dispositivos desbloqueados y la eliminación de los plazos forzosos se implementa para ofrecer mayor movilidad a través de la portabilidad. Según el Instituto, se estima un mayor uso de portabilidad en prepago (9%) contra pospago (5%), por lo que estas nuevas medidas deberían dar más flexibilidad al usuario.
A pesar de que ya se habían implementado medidas previas como el desbloqueo de los teléfonos tras un periodo de seis meses, o la separación de los contratos de compra por servicio y equipo, es el AEPT el que sigue atrayendo más usuarios por portabilidad. Según cifras de octubre de 2024, Telcel reportó una ganancia neta de 75 mil 394 usuarios, siendo el más cercano BAIT con poco más de 53 mil usuarios netos. Contrariamente, AT&T perdió más de 150 mil y Movistar más de 5 mil.
Dichas cifras reflejan que la portabilidad del AEPT al resto de operadores no es una cuestión de falta de incentivos, y que aunque el AEPT se mantiene como el principal receptor de usuarios, la oferta comercial de BAIT –subsidiada por Walmart y el Estado– es un incentivo más importante para los usuarios que supera posibles barreras en las condiciones de contratación.
La eliminación del plazo forzoso, al estar limitada al preponderante, podría perder su efectividad para dar mayor flexibilidad a los usuarios, causar confusión o falsas expectativas respecto a los planes comerciales disponibles en el mercado.
Adicionalmente, el análisis debe ahora también incluir la incursión del Estado a través de iniciativas como CFE-TIT y su participación accionaria en Altán Redes, por posibles disrupciones en los precios, procesos de inversión y ampliación de infraestructura.