*Senado debe aprobar la Ley para reparar el desplazamiento forzado interno
Hacemos un llamado al Senado de la República para que apruebe, a la brevedad, la minuta sobre la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Esto, para que se trabaje con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y definan los recursos, a fin de atender la crisis que ha llevado a que más de 350 mil connacionales abandonen sus hogares por la violencia, principalmente.
He sido objeto de constantes llamados y solicitudes para que se atiendan las condiciones de hacinamiento, dignidad y derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas que buscan respaldo del gobierno mexicano.
Asimismo, para que se garantice la sana convivencia con quienes habitan las colonias aledañas.
Debemos saber qué hacer con este hacinamiento humano; quisiéramos que tanto migrantes como refugiados y desplazados no pierdan sus derechos humanos, ni tampoco todos quienes son impactados por estas multitudes. Hemos visto que los esfuerzos no han logrado su objetivo.
Llamamos a la senadora Nestora Salgado García, (Morena) secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y María Graciela Gaitán Díaz (PVEM), integrante de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, a que contribuyan con sus compañeros para que esta minuta pase y no la regresen, para poder avanzar en el tema.
Con dicha ley la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se convertiría en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazados Internos (COMARDI) y saldría de la alcaldía Cuauhtémoc para situarse en un mejor espacio que favorecería la vida y derechos humanos, tanto de quienes están en tránsito, como los que habitan la zona.
El problema de los desplazamientos forzosos y forzados se ha ido incrementando en las últimas décadas, principalmente por la violencia generalizada en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Zacatecas.
Hay un promedio de 38 personas que abandonan sus hogares, diariamente, debido a la inseguridad, por lo que consideró que hace falta un registro nacional de víctimas de desplazamiento forzado interno.
La violencia que han generado grupos criminales ha tenido como consecuencia crímenes de lesa humanidad: ejecuciones, desapariciones forzadas de personas, desplazamiento forzado, tortura, amenazas de muerte, intimidación, destrucción de propiedades, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Aún y cuando ha habido comunicación permanente con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, los resultados no han sido los deseados ante la vulnerabilidad y pobreza estructural que agravan las condiciones de las víctimas de desplazamiento forzado y otros derechos dañados como los civiles, constitucionales, seguridad, libertad a tener una vivienda, políticos, sociales y culturales.
El desplazamiento forzado impacta preocupantemente sobre el ámbito cultural de las regiones. Pertenezco a la Comisión de Cultura y hemos discutido muchísimo la ‘lesa cultural’ que estas personas y familias sufren; sobre todo, cuando su base fundamental -la identidad y autonomía- quedan totalmente desgarrados y desaparece.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató a la Cámara de Diputados legislar en materia educativa para los pueblos indígenas, y ha sido muy complicado en el caso de las zonas de desplazamiento forzado, porque no tenemos ningún referente cultural ni nada que pueda ser inclusivo para los pueblos originarios, y aun cuando el gobierno ha dado esta batalla, no ha podido resolver.
Es necesario dar seguimiento, cuidado y resolución oportuna, a las peticiones de los migrantes, refugiados, desplazados y personas en vulnerabilidad.
Nuestro deber es mostrar voluntad política, exigir a los tres órdenes de gobierno trabajar en una sola dirección para evitar desencuentros; dar atención a la problemática de fondo, escucharnos en estos foros para que la Suprema Corte de Justicia no nos cuestione la ausencia de consultas a los directamente afectados.
En el presupuesto que recibirán el próximo 8 de septiembre no se observa algo que tenga que ver con la protección, lo cual indica que no existe interés del gobierno en turno de solucionar estos desplazamientos forzados.
Por ende, estamos aquí para exigir a nuestros compañeros diputados y senadores, que hagan un esfuerzo mayor para que el presupuesto destinado a ese fin sea integrado en 2024.