*Se obedecen solo designios presidenciales
La consulta popular en México ha tenido experiencias desastrosas gracias a que no se siguieron las disposiciones constitucionales y legales.
Hemos visto ejercicios lamentables en los que arguyendo una supuesta consulta al pueblo, el presidente de la República ha clausurado obras tan importantes como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o como un metrobús en la región de la Laguna, mismo que conectaría a tres municipios, o se han aprobado proyectos tan controvertidos como el tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
En una sesión en la que no quisieron escuchar argumentos en el pasado mes de marzo, la mayoría de esta Cámara aprobó una versión autoritaria de la revocación de mandato, obedeciendo únicamente a los designios presidenciales.
Hoy, el dictamen que nos proponen es un dictamen completamente diferente, con una línea democrática y que favorecerá a la participación de la ciudadanía en la construcción de un Estado más justo.
Para la consulta popular el dictamen establece como novedad que se podrán consultar temas de trascendencia regional y no únicamente los de interés nacional.
La votación requerida será de dos por ciento de la lista nominal de electores y se llevarán a cabo el primer domingo de agosto. Se prohíben someter a consulta la restricción de los derechos humanos, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero y las obras de infraestructura en ejecución.
El organismo que organice la consulta y promueva la participación de la ciudadanía será el Instituto Nacional Electoral.
En cuanto a la revocación de mandato se establece que la convocatoria será expedida por el INE, a petición del tres por ciento de la lista nominal de electores en, por lo menos 17 entidades federativas. Esta podrá solicitarse en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional, y para considerarse válida deberá contar con una participación de por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Esta reforma adicionalmente estipula que el procedimiento para la revocación de mandato del presidente López Obrador se iniciará en el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021, fecha en la que deberá presentarse la petición correspondiente. Esto indudablemente conculca las intenciones presidenciales de aparecer en las boletas y con ello asegurar la pervivencia de las mayorías artificiales que hoy sufrimos en este país.
Debemos ser claros. En la postura del PRD estas figuras de democracia participativa históricamente han formado parte indiscutible de la plataforma del Partido de la Revolución Democrática. Estamos convencidos de su utilidad y seguiremos promoviendo su implementación.
No estamos de acuerdo, sin embargo, en la realización maniquea de pseudo consultas organizadas por entidades que no tienen ni la infraestructura ni la independencia ni las facultades para llevarlas a cabo. Debemos respetar la legalidad empezando por el titular del Ejecutivo federal.