*Necesario expedir la Ley de Empleo Juvenil
Es necesario impulsar una iniciativa para expedir la Ley de Empleo Juvenil, con el propósito de promover el trabajo decente de las personas jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la formación profesional, desde la perspectiva de los derechos humanos.
Mi propuesta busca generar oportunidades para el acceso al mundo del trabajo, así como la realización de prácticas laborales en el marco de programas educativos y de formación, y la promoción de emprendimientos juveniles autónomos.
Plantea que es deber del Estado promover que las empresas sociales o privadas desarrollen acciones en favor de mujeres jóvenes, población juvenil indígena y afrodescendientes, y personas jóvenes con discapacidad, a fin de brindarles protección especial al trabajo.
Se establece que el Gobierno Federal estará a cargo del programa de fomento al empleo de jóvenes, dentro del cual se celebrará un convenio con empresas que brinden oportunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian al momento de solicitar su incorporación, con el fin de destinar un subsidio para las y los beneficiarios, equivalente al monto que determine la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta dependencia será la responsable de elaborar y articular las acciones y programas de promoción del trabajo decente juvenil, en coordinación con las secretarías de Educación Pública y de Bienestar, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La promoción del trabajo decente juvenil deberá tener en consideración la situación de las personas jóvenes provenientes de los hogares de menores recursos, velando por quienes tengan responsabilidades familiares, especialmente jóvenes embarazadas o con hijos o hijas, se encuentren desvinculadas del sistema educativo, así como de las y los jóvenes con discapacidad desempleados.
La integración social y económica de la juventud ya representaba un desafío antes de la pandemia, por lo que en las condiciones actuales ha sido más susceptible de ser afectada por los efectos sociales y económicos de la emergencia sanitaria.
Por ello se requiere construir políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas jóvenes en México y garanticen el ejercicio de sus derechos humanos.
Mi iniciativa se inscribe en el proceso por reducir las desigualdades socioeconómicas, combatir la exclusión y la discriminación, pero sobre todo hacer efectivos los derechos económicos y sociales de las y los jóvenes para establecer un marco legal que promueva el empleo en condiciones laborales más favorables de contratación e impulsar el trabajo digno para esta población.
En días pasados la Organización Internacional del Trabajo presentó el informe “México y la crisis de la Covid-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, en el que destacó que ante la probabilidad de que se agudicen algunas brechas ya existentes en el empleo, los jóvenes también experimentarán condiciones adversas en el trabajo.
Mientras el desempleo global se sitúa en 3.4 por ciento de la fuerza laboral, la población desocupada joven equivale al 6.96 por ciento de la Población Económicamente Activa para el grupo etario de 15 a 19 años, 6.93 por ciento para el grupo de los 20 a 24 años y 4,6 por ciento para las personas de 25 a 29 años.
Por ende, los jóvenes tienen más dificultades para acceder al trabajo, como sucede en el resto de los países de la región.