*Urge destinar el 5 por ciento de los recursos para prevención del delito

Con el objeto de recuperar la paz social y reconociendo que México atraviesa por la mayor crisis de seguridad en su historia, proponemos una iniciativa para que la Federación, los estados y los municipios destinen por lo menos 5 por ciento de los recursos de sus respectivos presupuestos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Con ello se busca reformar el artículo 28 y se adiciona el 29 Bis a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

En Acción Nacional le apostamos a un nuevo modelo de seguridad y justicia, por un México en paz que tiene que cristalizarse desde lo local, no al revés, como lo hacen hoy.

Pese al refuerzo con el despliegue de la Guardia Nacional y los operativos permanentes de las fuerzas federales en coordinación con las fuerzas estatales y municipales, los datos nos muestran la insuficiencia de las acciones sobre la problemática de seguridad en todos los órdenes, niveles y ámbitos del gobierno en nuestro país, que se manifiesta, entre otros aspectos, en el abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza ciudadana hacia sus autoridades, el incremento del consumo de alcohol y drogas ilícitas, así como la ausencia de los valores cívicos.

Sin embargo, para revertir esta situación y devolver poco a poco a la comunidad lo que le corresponde, es necesario afrontarla en conjunto con la sociedad, bajo un enfoque basado en la corresponsabilidad que debe darse tanto en la organización social como en la autoridad que la dirige.

En Acción Nacional trabajamos por la seguridad de nuestro país, para que la ciudadanía tenga la confianza de salir a las calles sin miedo a ser víctimas de violencia, pero también buscamos que recuperen la confianza en las instituciones.

Los policías municipales y estatales han sido olvidados en este Gobierno, enfrentando responsabilidades que no son de su competencia por la incompetencia e indolencia del oficialismo, que prefirió militarizar las funciones de seguridad pública.

Han debilitado a las corporaciones policiacas y así se fortalecer a los criminales, dejando expuestos a niños, niñas, mujeres, jóvenes que son los más asediados por el crimen. Dejaron sin opción a los pobladores de cientos de comunidades que sufren a diario desplazamientos forzados.

Además de esos policías debilitados por la falta de apoyo para brindarles lo básico para su desempeño, eliminaron el Fortaseg, que estaba orientado para fortalecer las capacidades institucionales, para el equipamiento de las corporaciones en el ámbito local.

Hoy hacen su labor muchos de ellos con uniformes deteriorados, con equipamiento descontinuado, muchos de ellos compran incluso sus propios uniformes.

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