La LXII y LXIII Legislaturas pasarán a la historia, porque en estos seis años se sentaron las bases para hacer frente a los retos que nos plantea un mundo cada vez más global e interconectado, así como a las demandas de una sociedad más participativa e informada.
Son las instituciones las que garantizan que no naufrague la democracia ni que se le ahogue con la voz de la legítima disidencia.
Por eso debemos ser contundentes: o defendemos y fortalecemos nuestras instituciones o la confrontación cegada, por la mutua descalificación de las fuerzas políticas, limitará nuestra capacidad para sacar adelante a nuestro país.
Confiamos en que el calor del debate, la confrontación de ideas, de propuestas y en ocasiones el encono, propio de las épocas electorales, no podrán derretir los pilares de nuestras instituciones, y, por ende, de nuestra democracia.
Ante los clamores fatalistas, la determinación de un país que ha logrado en los últimos 30 años consolidar un régimen de libertades no debe ser abandonado de la noche a la mañana.
Hago un llamado para no dar por sentado que todo lo que se ha ganado llegó para quedarse, pues décadas de avance se pueden perder en tan solo un abrir y cerrar de ojos, siempre será más sencillo destruir que construir un proyecto de nación.
En los últimos seis años, el Senado aprobó 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes, entre las que destacan:
11 en materia de seguridad pública y justicia; cuatro educativas; cinco político-electorales; dos de telecomunicaciones; 11 que componen el nuevo marco legal energético; 18 para regular las relaciones económicas; tres encaminadas a brindar mejores condiciones de salud y medio ambiente, y 6 para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción.
Con 840 reformas se buscó mejorar la regulación en materias como equidad y género, grupos vulnerables, trabajo, medio ambiente, seguridad social, pueblos y comunidades indígenas, educación y cultura, justicia, salud y temas económicos.
Se realizaron 519 nombramientos para ocupar importantes cargos de la vida pública del país; se ratificaron 1031 grados militares y 857 navales; y se concedieron a seis grandes mexicanas y mexicanos la Medalla Belisario Domínguez. Todo esto, enfatizó, en 437 sesiones celebradas.
El Senado de la República se consolidó como un contrapeso real a los otros poderes y trabajó por el respeto y protección de los derechos humanos, en leyes inspiradas en la dignidad de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con alguna discapacidad y migrantes.
Uno de los avances más importantes fue reforzar la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia. Para mejorar la seguridad y combatir la impunidad, se construyó el nuevo sistema de justicia penal, con leyes que unifican los procedimientos penales, mejoran los mecanismos de impartición de justicia, velan por el respeto a los derechos de las víctimas y apuestan por la readaptación social.
Del mismo se establecieron las bases de los sistemas nacionales de transparencia, combate a la corrupción y para una mejor fiscalización de los recursos públicos; así como los instrumentos para modernizar el sistema educativo, los sectores energético, financiero y de telecomunicaciones; facilitar la movilidad laboral; atraer inversiones y potenciar el desarrollo en las regiones más rezagadas del país, a través de las zonas económicas especiales.
La vocación internacional del Senado fue consolidada durante estos años al aprobar 133 instrumentos internacionales.
Al tiempo que refrendamos los lazos de amistad con nuestros socios y amigos alrededor del mundo, este Senado fijó una postura contundente y fuimos los primeros en defender el interés nacional en el momento más críticos de la relación con los Estados Unidos de América.