*“Vota por tu juez… aunque no sepas quién es”
“Vota por tu magistrado… aunque sea un tarado”
“Vota por tu ministro… aunque se pase de listo”.
A semanas de que se lleve a cabo un proceso electoral sin precedentes tan absurdo, México se enfrenta a uno de los ejercicios más controvertidos de los últimos tiempos: la elección, por voto popular, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que se presentó como un avance democrático y una supuesta medida para acercar al pueblo a la impartición de justicia, poco a poco se va transformando en una farsa institucional manipulada desde el poder.
Esta propuesta impulsada por el actual partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), expone al Poder Judicial a la politización más burda y peligrosa, convirtiendo a la justicia en un campo de batalla electoral y a los ciudadanos, como siempre suele ser, en piezas de utilería.
Uno de los elementos más alarmantes de este modelo es el desconocimiento casi absoluto que existe respecto a los aspirantes. Los nombres que conforman las listas son, en su mayoría, completamente ajenos al conocimiento público.
A diferencia de otros cargos de elección popular, como diputaciones o alcaldías, los puestos en el Poder Judicial tradicionalmente eran reservados para perfiles técnicos, cuya trayectoria profesional y formación jurídica deberían ser las principales credenciales.
Sin embargo, al someter estos cargos al voto ciudadano, se impone una lógica de popularidad y propaganda, donde quienes tienen acceso a recursos financieros y alianzas políticas se colocan en una posición de ventaja.
En lugar de seleccionar a los más preparados, el sistema premia a los más visibles o afines al gobierno, aunque su visibilidad provenga de vínculos cuestionables.
Los pocos aspirantes que son medianamente conocidos logran destacar por su cercanía con el poder o su pertenencia a redes de intereses que poco tienen que ver con la justicia. Algunos están vinculados a sectas religiosas, otros a estructuras del crimen organizado.
Lo que debería ser un filtro de calidad jurídica y ética, es una feria de influencias, intereses oscuros y oportunismo. A esto se suma una preocupante opacidad: no hay información clara, accesible o confiable sobre la mayoría de los perfiles. El ciudadano común deberá elegir entre listas de nombres que no conoce, sin tener herramientas reales para diferenciar a un jurista competente de un impostor con buenos contactos.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE), que debería actuar como un árbitro imparcial y garante de un proceso transparente, se limita a una función decorativa. Las acciones que ha tomado frente a las múltiples irregularidades han sido débiles, tardías y absolutamente ineficaces.
Un claro ejemplo de ello es el caso de la presidenta de la República, quien no ha dudado en intervenir de forma abierta en el proceso, promoviendo ciertos perfiles y posicionando mensajes desde la tribuna presidencial.
El INE, lejos de frenar estos abusos, los sanciona con tibias llamadas de atención que no modifican el curso de los hechos y que, en ocasiones, incluso refuerzan la narrativa oficial de victimización. El órgano electoral ya no es contrapeso, solo valida con su inacción un proceso plagado de irregularidades.
Uno de los casos más ilustrativos de esta estrategia de manipulación institucional es el de Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte y hermana del actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.
Autodenominada como “la ministra del pueblo”, pretende construir una imagen de cercanía popular que responde más a una campaña política que a un perfil técnico-jurídico. Aunque el INE le prohibió usar este sobre nombre, la prohibición llegó tarde, cuando el mote ya había cumplido su propósito propagandístico.
Lo que se oculta tras ese título es una narrativa diseñada por el oficialismo para presentar a sus cuadros como representantes auténticos del pueblo, enfrentados a una supuesta élite judicial corrupta y conservadora.
Es el populismo judicial en su máxima expresión, y es también un aviso de lo que vendrá si se consuma la captura total del Poder Judicial por parte del partido en el poder.
Aunado a esto, el proceso electoral implicará un gasto millonario. Se invertirá una cantidad obscena de recursos públicos en montar esta aparente elección, en promover candidaturas, imprimir boletas, instalar casillas y pagar sueldos de funcionarios electorales. Todo esto en un país donde persisten graves carencias sociales, donde los servicios públicos son insuficientes y la justicia cotidiana sigue siendo lenta, corrupta y clasista.
El dinero que se invertirá en esta simulación podría destinarse a fortalecer los juzgados locales, mejorar los sueldos de jueces honestos o invertir en capacitación judicial, pero en lugar de eso, se usará para legitimar una elección que ya nace viciada.
Pese al gasto desmedido, la participación ciudadana será mínima. La apatía, la desinformación y la desconfianza harán que la mayoría de los ciudadanos decidan no acudir a las urnas. Aun así, hay sectores que serán presionados para participar.
Diversos reportes señalan que trabajadores del Estado —en los tres niveles de gobierno— están siendo advertidos de que deben votar, so pena de recibir represalias administrativas o laborales.
La maquinaria electoral de Morena, aceitada con recursos públicos e indisciplina partidista, ya ha dado pruebas suficientes de su capacidad para movilizar el aparato burocrático en su favor.
El problema de fondo no es únicamente el método de elección, sino la lógica política que lo impulsa. Lo que está en juego no es la democratización del Poder Judicial, sino su subordinación total a los intereses del Ejecutivo y del partido gobernante.
Esta elección no surge de una demanda popular ni de un debate amplio y plural, sino de una decisión unilateral que busca consolidar el control del Estado. MORENA no promueve esta reforma para devolver el poder al pueblo, sino para mantenerlo en sus manos mediante una narrativa de legitimidad construida a partir de simulacros de democracia.
En esta farsa electoral, los ciudadanos no elegirán jueces, elegirán entre candidatos seleccionados, promovidos y financiados por el partido en el poder. No habrá justicia democrática, sólo apariencia. Y el costo de esta mentira, disfrazada de revolución jurídica, lo pagaremos todos con un Poder Judicial más débil, más politizado y sometido.
¡Hasta la próxima!