*Urge poner un alto a la violencia política contra las mujeres
Ante la escalada de inseguridad y violencia que ha enmarcado el presente proceso electoral, condenamos los actos de violencia contra las mujeres en política y evidencia la falta de garantías por parte del Estado mexicano para que las y los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos político-electorales.
En menos de veinticuatro horas fueron asesinadas Pamela Terán, regidora con licencia y candidata a segunda concejal en Juchitán, Oaxaca junto con María del Sol Cruz Jarquín, quien presuntamente había sido obligada a estar comisionada como fotógrafa; mientras que en Jolapa, Puebla, fueron asesinadas la candidata a diputada local Juany Maldonado y la regidora Erika Cázares; hechos que develan la grave situación por la que atraviesan las mujeres que han decidido incursionar en política.
Por ello urgimos al gobierno federal y a las instituciones encargadas de velar por los derechos político-electorales a coordinar las acciones necesarias para poner un alto a la violencia política contra las mujeres en años recientes, sobre todo tras el reconocimiento de la paridad como principio constitucional, hemos constatado el recrudecimiento de las reacciones por parte de quienes históricamente han detentado el poder, de ahí que los casos de violencia contra las mujeres en política hayan alcanzado niveles inaceptables.
Recordemos el caso de Paula Gutiérrez, quien fungía como secretaria de acción femenil del PRI y líder indígena, quien fue asesinada hace unos días por un comando armado en Chilapa, Guerrero.
Estos tres casos se suman a los más de cien asesinatos que han tenido lugar en este proceso electoral; la violencia ha cobrado la vida de mujeres y hombres sin hacer distingo de los colores partidistas; por ello se deben emprender acciones contundentes que garanticen el ejercicio de los derechos político- electorales en un contexto libre de violencia.