Ante las denuncias de presunto maltrato y violaciones a los derechos de niñas y niños en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), particularmente en el Centro de Asistencia Social “San Bernabé”, del gobierno de la Ciudad de México, el Pacto por la Primera Infancia hace un llamado a la autoridad para que realice de manera urgente una revisión exhaustiva de las condiciones, protocolos, instrucciones, acciones y directrices que rigen la vida interna de los centros de atención, a fin de erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia, castigo físico o psicológico, o tratos inhumanos y degradantes contra los niños y niñas que ahí residen de manera temporal o permanente.
De igual modo, debe revisarse en profundidad, con objetividad y en estricto apego a la normatividad vigente las acciones y omisiones de las personas responsables del centro y proteger en todo momento la integridad de las personas que hicieron públicas las denuncias al respecto. Durante estos procesos, la identidad y seguridad de niñas y niños debe ser plenamente garantizada. Debe tenerse especial cuidado para evitar la revictimización, amedrentar o amenazar a las niñas y niños que se encuentran en estos centros y que se presume son víctimas de actos de violencia completamente inaceptables.
La investigación y tratamiento del caso debe obtener la máxima y más alta atención de las autoridades de la Ciudad de México. Ninguna denuncia al respecto debe quedar sin investigación y atención inmediata. Urgimos a las autoridades a actuar de manera expedita y con estricto apego al principio del interés superior de la niñez y adoptar las medidas de protección especial de derechos para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en tal situación de vulnerabilidad.
Desde el Pacto por la Primera Infancia rechazamos cualquier acto de violencia y reprobamos categóricamente el maltrato a niñas y niños. Es responsabilidad del Estado Mexicano protegerles y castigar enérgicamente a aquellos que les vulneren, máxime si son personas servidoras públicas que les tienen bajo su cuidado.
Asimismo, con el fin de asegurar que estos casos no se repitan, es imprescindible establecer un perfil y un protocolo para la contratación de las personas a cargo del cuidado de las niñas y niños, así como urgente también sensibilizar y capacitar al personal en el marco de la protección integral de los derechos de las niñas y los niños.