El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la CDMX, Víctor Hugo Lobo Román propuso sustituir el obsoleto, arcaico e inoperante sistema de defensoría de oficio por un novedoso esquema de protección jurídica independiente y autónomo del poder judicial, con recursos financieros suficientes para garantizar un sistema de protección legal profesional, eficiente y gratuito para todos los capitalinos.
Dijo que en la actualidad sólo quienes cuentan con los recursos económicos pueden contratar un despacho de abogados que los protege, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, prácticamente se encuentra en estado de indefensión y en muchos casos son encarcelados siendo inocentes de los cargos que se les imputan.
Recordó que en las prisiones de la CDMX hay más de 70 mil ciudadanos sujetos a proceso, y se estima que el 30 por ciento de ellos, enfrentan delitos menores, debido a que no contaron con la asesoría profesional para deslindarse con oportunidad.
Indicó que el actual sistema penitenciario capitalino, representa un gasto superior a los 5 mil millones de pesos y se estima que más de 10 mil personas truncan su proyecto de vida, sin posibilidades de obtener su libertad por falta de recursos para defenderse.
“El estado no ha podido cumplir esa obligación que establece la ley para garantizar a todos los ciudadanos una justicia pronta y expedita, y por el contrario los enfrenta a un sistema caduco, corrupto y obsoleto que atrapa a quienes carecen de recursos, y exonera a quienes cuentan con los medios para pasar por encima de la ley”, expresó.
La propuesta de ley incluye 10 capítulos, 50 artículos y 7 transitorios. Tiene como propósito fortalecer el sistema de defensoría legal, para lo cual se propone la creación del Instituto de la Defensoría Pública que contará con autonomía técnica, financiera y de gestión para garantizar su total independencia.
Se propone además que el salario del profesional que lleve a cabo la defensa no podrá ser menor al que corresponde a un ministerio público. Además, el titular del Instituto de Defensoría Pública será electo cada cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público.
Con estas acciones, dijo lobo Román, se garantizan las obligaciones constitucionales, las condiciones en las que funcionará el instituto y lo más importante coadyuvará a que se profesionalice el servicio público de defensa.
Además, dignificará la labor del defensor público de oficio, dándole el justo peso salarial y coadyuva a establecer un régimen de equidad y justicia al actuar de estos servidores.