Verdades silenciadas
(Del Banco Mundial para Grilla en el Poder).- Al menos dos de cada cinco mujeres han sido testigos de alguna forma de violencia de género durante el viaje. Para quienes migran o se desplazan a través de Centroamérica, la violencia suele tener rostro de mujer.
Se estima que las mujeres representan el 47% de las personas en tránsito, y el 21% son niñas y niños. Resulta alarmante que al menos dos de cada cinco mujeres hayan sido testigos de alguna forma de violencia de género durante el viaje.
Aunque generalizada, la violencia de género sigue siendo un tema complejo de abordar para la mayoría de los gobiernos y organizaciones internacionales, ya que los datos son escasos o difíciles de obtener de manera sistemática. Para las mujeres en situaciones de movilidad humana, el tránsito es la etapa en la que son más vulnerables a situaciones de violencia de género, aunque su prevalencia sigue siendo alta antes y después de la migración o el desplazamiento.
El acceso a los servicios de respuesta a la violencia de género sigue siendo un desafío crítico para las mujeres en tránsito en Centroamérica.
La Evaluación del Marco de Accesibilidad Centrada en las Sobrevivientes (SAFE por sus siglas en inglés), apoyada por el Fondo Estatal para la Consolidación de la Paz (SPF por sus siglas en inglés), arroja luz sobre las barreras físicas, legales, sociales e institucionales que impiden a muchas buscar ayuda o conseguir protección.
Este proyecto innovador recopiló de manera segura y ética datos significativos a través de encuestas a mujeres en tránsito y entrevistas con proveedores de servicios. Un hallazgo notable de este estudio es que el 41% de las encuestadas informaron conocer a mujeres que habían sufrido violencia física, psicológica y/o sexual, una cifra que probablemente subestime la prevalencia real debido a la falta de denuncia.
Porcentaje de mujeres en tránsito que declaran haber sabido de incidentes de violencia de género durante su viaje migratorio, por tipo de violencia hasta Costa Rica y en Guatemala
Barreras físicas
Los servicios esenciales de lucha contra la violencia de género suelen estar ubicados lejos de las principales rutas de tránsito, lo que obliga a las mujeres en movilidad humana a recorrer largas distancias (a veces más de un kilómetro) para acceder a la asistencia, lo que aumenta sus riesgos de violencia y explotación. El análisis de SAFE demostró que solo el 39 por ciento de los proveedores de servicios de respuesta a la violencia de género se encuentran a menos de 1 km de la ruta migratoria más cercana.
Barreras sociales
Dado que la violencia de género suele ser normalizada, las mujeres pueden no darse cuenta de que sus experiencias son formas de violencia de género.
Los proveedores de servicios entrevistados informan que las mujeres en situación de movilidad humana a menudo buscan servicios de atención básica en lugar de apoyo especializado en violencia de género porque no se identifican como sobrevivientes de la violencia.
Además, el estigma social y los prejuicios contra las personas en movilidad humana las desaniman aún más a buscar ayuda. Las brechas de comunicación, incluida la falta de información verificable sobre los servicios disponibles y sus derechos, exacerban estas barreras sociales.
“Muchas mujeres viven con esto, piensan que es normal y lo han normalizado. Cuando les decimos que esto no es normal, responden: ‘Pero si yo he vivido así toda mi vida”.
"Aquí en Costa Rica no tanto, pero en Panamá y lugares así, [había] desprecio hacia nosotros por ser venezolanos, [la gente] nos culpa constantemente. Eso es duro”.
Barreras legales
Muchas mujeres en situación de movilidad humana viajan sin los documentos de identificación adecuados, que suelen ser necesarios para presentar denuncias formales. Además, surgen problemas jurisdiccionales cuando las mujeres en tránsito sufren violencia en un país, pero buscan ayuda en otro, y este último país a menudo carece de jurisdicción para tramitar la denuncia.
La naturaleza acelerada de la migración agrava este problema, lo que dificulta que las mujeres hagan un seguimiento de su ubicación y de las jurisdicciones legales correspondientes.
Los marcos jurídicos y protocolos existentes a menudo no abordan las necesidades específicas de las mujeres en movilidad humana que requieren un apoyo jurídico flexible y rápido que tenga en cuenta su condición de transitorias. Además, las limitaciones financieras limitan aún más la aplicación eficaz de los protocolos de prevención y respuesta a la violencia de género.
Barreras institucionales
Los servicios existentes suelen estar diseñados para poblaciones nacionales y no abordan las necesidades específicas de las mujeres en tránsito. Además, los problemas de coordinación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales complican aún más la situación, lo que dificulta que las organizaciones de la sociedad civil establezcan acuerdos formales para la remisión de casos y la gestión de los mismos.
Además, existe una importante carencia de datos fiables sobre la prevalencia de la violencia de género entre las mujeres en movilidad humana, lo que conduce a una falta de comprensión de la inversión necesaria y la formulación de políticas eficaces para abordar las necesidades específicas de las mujeres en movilidad humana.
Por último, la capacidad limitada de los refugios y otros proveedores de servicios, junto con los horarios de funcionamiento incompatibles con los tiempos de las mujeres en movilidad humana, crea importantes carencias en servicios esenciales como la atención médica, la asistencia jurídica y el refugio para las mujeres en tránsito.
“Necesitaríamos fortalecer el mapeo de servicios regionales que trabajen por regiones relacionados con los servicios tanto para mujeres y niñas como para menores no acompañados porque son grupos en esas condiciones. […] Fortalecer la coordinación con los diferentes actores humanitarios para evitar la duplicación de esfuerzos y tener un solo actor que gestione y lidere la coordinación”.
El camino hacia adelante
Para hacer frente a estas barreras se necesita un enfoque integral, que incluye el establecimiento de servicios cerca de las rutas de movilidad humana que tengan la capacidad de comprender y responder rápidamente a las necesidades específicas de las mujeres en movilidad humana que han experimentado múltiples formas de violencia de género a lo largo de su viaje.
Los proveedores de servicios que prestan servicios de atención básica deben recibir formación para detectar a las sobrevivientes de la violencia de género y comprender cómo abordar estos casos. También es necesario mejorar los marcos jurídicos para proteger a las mujeres en movilidad humana y crear intervenciones destinadas a desestigmatizar la violencia de género.
Otras medidas cruciales incluyen la prestación de servicios de apoyo multilingües y la incorporación de políticas sensibles al género centradas en las poblaciones en movimiento en los marcos nacionales y regionales.
Estas políticas deben financiarse y su aplicación debe supervisarse. Por último, es fundamental la coordinación interinstitucional dentro de los países y a nivel regional para ayudar a las sobrevivientes y evitar la duplicación de esfuerzos.
Al comprender y abordar estas barreras, se puede garantizar el acceso a servicios esenciales de respuesta a la violencia de género para las mujeres en movilidad humana, promoviendo su seguridad y bienestar durante sus viajes y al mismo tiempo buscando el apoyo de quienes deberían estar dispuestos a ayudarlas.