Por Stephen Winkler, Audrey Sacks y Susan Wong
Hasta junio de 2022, más de 100 millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares, convirtiendo al desplazamiento forzado en una de las máximas prioridades para muchos encargados de formular políticas. Si bien los conflictos siguen siendo una de las principales causas del desplazamiento forzado, la crisis climática está empujando cada vez más a las personas a dejar sus hogares y creando nuevas tensiones entre los desplazados y las comunidades que los reciben.
Las políticas inclusivas pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a garantizar resultados sociales y económicos positivos tanto para las personas desplazadas como para las comunidades de acogida. Veamos, por ejemplo, el caso de Grecia. Ante la llegada repentina de 1,2 millones de desplazados por la fuerza desde Turquía, Grecia —un país agrícola pobre mermado por varios años de guerra— enfrentó el potencial de una grave conmoción social en 1923.
Sin embargo, la oportuna intervención de la Liga de las Naciones y una política de integración ambiciosa pero exitosa que otorgó a los refugiados tierras de cultivo y ganado, nuevos hogares y escuelas, y ciudadanía transformaron este histórico desafío en una oportunidad para Grecia.
En un nuevo documento del Banco Mundial (i) se recoge el legado a largo plazo de las políticas inclusivas de Grecia para los refugiados que llegan al país y los impactos positivos sobre la integración social, política y cultural en la sociedad griega.
Por ejemplo, las nuevas aulas que se abrieron ayudaron a reducir la brecha de alfabetización entre los refugiados y los nativos del -12 % a menos del -1 % para 1928.
En los años 2000, se registraron altas tasas de matrimonio entre griegos y refugiados, y se informaron niveles similares de confianza en los demás y en las instituciones.
El estudio forma parte de una serie más amplia de estudios de investigación sobre desplazamiento forzado y cohesión social (i) dirigida por el Banco Mundial en asociación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO).
Con esta iniciativa conjunta estamos generando conocimientos sobre las mejores prácticas para responder al desplazamiento forzado, incluso a través del análisis de la función que cumplen las políticas inclusivas en las iniciativas de apoyo a los migrantes y refugiados, las comunidades y los Gobiernos receptores, y la sociedad en general. De la investigación surgen dos ideas clave:
Las políticas inclusivas promueven la cohesión social. Las políticas inclusivas para los refugiados, como el derecho al trabajo, la libertad de movimiento y el acceso a servicios sociales, los ayudan a mantenerse a sí mismos y a sus comunidades con dignidad. Como cualquier otra persona, los refugiados quieren trabajar y sostener a sus familias.
Este tipo de prácticas fomentan los beneficios mutuos y las relaciones positivas entre los refugiados y las comunidades receptoras, promoviendo la cohesión social a la larga.
Nuestra investigación (i) sobre Grecia demuestra este punto, concluyendo que, mediante la concesión de derechos, tierras y vivienda, los refugiados griegos ortodoxos experimentaron una mayor integración social y cultural y sus resultados educativos convergieron con los de los griegos nativos.
Por ejemplo, en los años 2000, el 50 % de las mujeres refugiadas informó haber estado casada con un griego de nacimiento, y los refugiados informaron niveles similares de confianza en los demás y en las instituciones.
Posteriormente, esta integración social se tradujo en una fuerte participación cívica: el estudio indicó que los refugiados tenían una probabilidad mucho mayor de participar en organizaciones voluntarias, como clubes deportivos o culturales, sindicatos u organizaciones humanitarias, que los griegos nativos.
Las políticas inclusivas contribuyen a un mercado laboral sólido y al crecimiento económico sin provocar reacciones negativas. A pesar del temor generalizado de que los refugiados les “quiten” los empleos a los ciudadanos locales, los datos indican con frecuencia que permitir que los refugiados trabajen puede fortalecer el mercado laboral y no afecta negativamente las actitudes de la comunidad receptora hacia los refugiados.
Por ejemplo, un estudio (i) sobre los refugiados en Suiza, que abarca desde 1998 a 2018, muestra que la incorporación temprana al mercado laboral ayuda a asegurar la integración económica de los refugiados.
En otras investigaciones (i) se concluye que la presencia de migrantes venezolanos mejora las condiciones laborales y de bienestar para los peruanos: la duplicación de la proporción de venezolanos en una provincia aumenta la probabilidad de empleo de los peruanos en un 0,6 %, el ingreso de los hogares en un 2,2 % y los gastos en un 1,4 %.
El mismo estudio reveló que la presencia de venezolanos también redujo las tasas de delincuencia y aumentó los niveles de confianza entre los vecinos.
En otra investigación (i) se constató que las personas que viven en países con políticas más inclusivas para los refugiados en materia de mercados laborales y residencia no tienen más probabilidades de tener actitudes contra los inmigrantes que las personas en países con políticas más excluyentes.
El Banco Mundial apoya a los Gobiernos que aplican políticas inclusivas para los refugiados. En Colombia, el Banco Mundial aprobó su primer préstamo para políticas de desarrollo que se centra exclusivamente en políticas de integración a largo plazo.
Entre las reformas normativas que incluye el proyecto, se encuentra la aprobación del Estatuto Temporal de Protección (ETP) para migrantes venezolanos, que fue promulgado por el Gobierno de Colombia en 2021. Esta medida histórica convierte a Colombia en uno de los tres países que tiene un marco de políticas tan amplio para la inclusión de los migrantes.
El ETP sirve como una política de anclaje que permite la regularización a largo plazo y amplía el acceso a diversos servicios para más de 1,8 millones de venezolanos. Estos servicios incluyen: i) permisos de trabajo, tránsito y estancia; ii) acceso a salud, educación, programas sociales y subsidios para la vivienda; iii) inversiones que beneficien tanto a las comunidades receptoras como a los migrantes, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad local para responder ante los desastres naturales, y iv) protección de las poblaciones vulnerables, incluida la reunificación familiar, la protección de los niños y la protección contra la trata de personas.
Estos estudios y conclusiones ponen de relieve que las políticas de exclusión constituyen una pérdida tanto para los refugiados como para las comunidades de acogida.
La inclusión —en la vida cotidiana y en los niveles más altos de la formulación de políticas— puede sentar las bases de una cultura de pertenencia al invitar activamente a contribuir y participar a todos, incluidos los millones de personas de todo el mundo que se han visto desarraigadas debido a los conflictos y la crisis climática.
En este proceso, la inclusión nos acerca mucho más a hacer realidad el potencial de cada persona y, a la larga, a crear prosperidad económica y social para todos.