El Estado mexicano debe realizar el señalamiento legal de la omisión total o parcial de la pensión alimenticia para que se considere como una forma de violencia económica contra las mujeres, afirmó la diputada Marisol García Segura, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.
Al inaugurar este miércoles el foro “Adeudo en pensión alimenticia: una forma de violencia económica”, recordó que el pasado 9 de febrero inscribió una iniciativa que reforma la fracción IV, del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la falta de pago total o parcial de la pensión alimenticia sea considerada violencia económica, la cual espera que se apruebe en breve en el Pleno de la Cámara de Diputados.
La también integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez señaló que es necesario visibilizar dicha problemática, pues “lo que no se nombra no existe y lo que no existe no es digno de derechos”.
Refirió que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México tres de cada cuatro hijos o hijas de padres separados no reciben pensión alimenticia; el 91 por ciento de los casos los acreedores son las y los hijos, el 8.1 por ciento la esposa y las y los hijos, y el 0.9 por ciento las y los hijos y el esposo.
Mencionó que al llevarse a cabo el divorcio la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie; asimismo, el 67.5 por ciento no recibe pensión alimenticia por parte de su padre tras el divorcio, quedando en la indefensión para cubrir las necesidades más básicas.
Subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se ha pronunciado al respecto, señalando que comete violencia económica el cónyuge varón que de manera injustificada se desentiende de sus obligaciones de aportar económicamente.
“El panorama es desolador, las cifras no mienten y lo mínimo que el Estado mexicano debe realizar es el señalamiento legal de la omisión total o parcial al otorgar esta pensión alimenticia para que se considere como una forma de violencia económica”, dijo.
Por su parte, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que el foro enriquecerá el análisis sobre el tema, y confió en que pronto se aprobará la iniciativa en comento, ya que “esto es jurisprudencia, sólo hay que agregarlo a la ley”.
Enfatizó que hay consenso entre diversas autoridades en que las deudas de pensión alimenticia constituyen una forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, y las mujeres, pues existen múltiples determinaciones nacionales e internacionales que así lo establecen.
A su vez, Susana Bátiz Zavala, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, subrayó que la mujer ha sido violentada por parte de su pareja o exmarido cuando no se le da pensión alimenticia, y también por parte de las autoridades que no hacen que se cumpla en tiempo y forma con la entrega de la pensión, ya sea quincenal o mensual, “y no dan una razón clara de por qué no llegó”.
“Creo que se ha avanzado, pero podría avanzarse más en ser puntuales en la forma de pagarle a una mujer la pensión alimenticia, porque sabemos que a través de ella es que llega a los menores”, expresó.
Miguel Ángel González Muñoz, coordinador de asuntos jurídico de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), consideró que se debe prever de mecanismos legales para que las mujeres víctimas de violencia que dependían económicamente de la persona agresora puedan ejercer la guardia y custodia de sus hijas e hijos, garantizando que estas reciban pensión alimenticia por parte de sus exparejas
Lo anterior, dijo, a fin de atender las desventajas económicas, sociales y de cuidados que enfrentan para la subsistencia después de la separación y así propiciar que progresivamente puedan garantizar independencia económica y su derecho a una vida libre de violencia.
Crystel Guadalupe Arellano Moreno, directora general del Registro Civil, aplaudió la iniciativa de la diputada García Segura para nombrar a la omisión de pago de pensión alimenticia como violencia económica contra las mujeres, ya que ayudará a generar nuevas sinergias en la visibilización de la violencia contra las mujeres como un grupo que históricamente ha sido vulnerado.